Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.
Autoridades mexicanas aguardan que Estados Unidos concrete la deportación de Mauricio Manfred Quintanilla Hernández, dueño de la empresa Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), para cumplimentar seis órdenes de aprehensión vigentes en su contra por delitos como administración fraudulenta, fraude procesal y falsedad ante la autoridad, según reportes de medios nacionales publicados este martes.
Según constancias judiciales fechadas el 13 de noviembre de 2026, el historial migratorio del empresario en territorio estadounidense se complicó en noviembre de 2025, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo arrestaron en Los Ángeles, California, al detectar que su visa de inversionista había expirado. El caso quedó registrado bajo el proceso migratorio 246-058-749 y el empresario fue trasladado al Centro de Detención de Adelanto.
El 31 de diciembre de ese mismo año recuperó su libertad tras pagar una fianza de 30,000 dólares y aceptar el uso de un dispositivo electrónico de localización.
En México, el cerco legal contra Quintanilla Hernández comenzó en 2023, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México libró un primer mandamiento de captura (causa penal 012/2145/2023-OA) por su probable responsabilidad en administración fraudulenta. Al confirmarse su estancia en el extranjero, la Fiscalía capitalina gestionó ante Interpol la publicación de una ficha roja para su localización y detención internacional.
Para frenar estas acciones, la defensa del empresario interpuso el juicio de amparo 857/2024 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México y posteriormente escaló el caso mediante un recurso de revisión ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
A pesar de la estrategia legal, los órganos jurisdiccionales ratificaron tanto la validez de la orden de captura como la alerta migratoria internacional, negándole en definitiva la protección de la justicia federal. En el fallo se precisó que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito carecía de legitimación para combatir la determinación, al no verse afectadas las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución.