Como parte de un estudio, la ONG Fundaredes presentó un informe que muestra la dura realidad que enfrentan las mujeres y las indígenas en las zonas fronterizas de Venezuela, donde se encuentran sumamente vulnerables y desprotegidas, mientras el Estado muestra una alarmante indiferencia hacia su situación. El informe destaca que estas mujeres viven en constante marginación en las zonas agrarias y comunidades indígenas, enfrentando inseguridad física y alimentaria, falta de transporte y servicios públicos deficientes o inexistentes, además del escaso acceso a recursos sanitarios y una dolorosa presencia de violencia y opresión.
“El Estado venezolano es responsable de la violencia sistematizada en contra de la mujer campesina al no impedir la explotación sexual y laboral que alcanza escenarios de esclavitud, así como otras formas de violencia que se han instaurado en las zonas rurales de los estados fronterizos ante la mirada pasiva de funcionarios y agentes de seguridad del Estado que incluso en ocasiones actúan en connivencia con los grupos que ejercen control sobre ellas”, asegura el estudio.
Es importante destacar que esta problemática no se limita únicamente a las fronteras más conocidas. Por ejemplo, en la zona del Arco Minero del Orinoco, ubicado en el estado Bolívar, se ha evidenciado una situación alarmante de delitos como la trata de personas, explotación laboral y sexual, prostitución y otros abusos y precariedades, ante los cuales el Estado parece permanecer indiferente. En Venezuela, no se realiza un seguimiento adecuado de los acontecimientos que ocurren en estas áreas de extrema vulnerabilidad.
Tras conocer la precaria situación en la que viven muchas mujeres en la frontera, Fundaredes hace un llamado urgente al Estado para que atienda a quienes enfrentan condiciones extremas de pobreza, necesidad y criminalidad.