Evitar que más sandieguinos terminen en la calle al ser desalojados de su vivienda es uno de los objetivos de la nueva ley.
La idea es proteger a residentes de la ciudad de San Diego, de ser echados de la unidad que rentan, solo para que el dueño, pueda subir el alquiler al próximo inquilino.
Se busca ponerle un fin a métodos abusivos, tal como el pretexto de una supuesta remodelación de la unidad, para aumentar el costo por mes.
Bajo la nueva ley, no se puede correr a un arrendatario que cumpla con el pago de renta y no viole cláusulas de su contrato.
Con esto, la protección inicia desde el día uno de firmarse el acuerdo de arrendamiento.
De llegar a girarse una orden de desalojo, el rentero debe pagarle al inquilino de 2 a 3 meses de renta por indemnización, si es que han habitado la unidad por más de dos años.
Y Si la intención es sacar al inquilino para remodelar la unidad, el dueño debe mostrar los permisos de construcción ya aprobados, así como comprobar que los trabajos son tan extensos que no se pueden realizar con personas viviendo en la propiedad.
Grupos de protección al inquilino:
Legal Aid Society of San Diego
(877) 534-2524
www.lassd.org
San Diego Volunteer Lawyer Program (SDVLP)
(619) 235-5656 x127
Tenants Legal Center
(858) 571-7100