La presidenta peruana Dina Boluarte acudió este martes al Ministerio Público para rendir su manifestación por la muerte de 49 personas durante las protestas contra su gobierno en las regiones andinas del Perú (Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho) entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Al respecto, el abogado de la mandataria, Joseph Campos, aseguró ante los medios de comunicación que su patrocinada va a responder “todas las preguntas” que formule la Fiscalía. “La presidenta no va a usar el silencio como un medio de defensa, eso está clarísimo”, precisó.
La diligencia fue programada por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, quien investiga a la mandataria Dina Boluarte, al primer ministro Alberto Otárola, al ministro de Defensa Jorge Chávez y a los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
(https://twitter.com/Epicentro_TV/status/1666091313190825984)
Boluarte responsabilizó a las FF. AA.
El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado el 3 de mayo del presente año, considera que las muertes durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte “pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.
Ante ello, Boluarte ha sido enérgica en rechazar las conclusiones de la CIDH y, además, ha buscado deslindar su responsabilidad constitucional sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
“Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando”, dijo Boluarte en aquel momento.
Los artículos 167 y 169 de la Constitución Política del Perú establecen que la figura presidencial asume automáticamente la jefatura suprema de las fuerzas del orden, así como precisan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional”.
