El documento revela que el Estado peruano hizo “uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”, durante las protestas ocurridas en diciembre del 2022 y enero de este año.
Esto incluye violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, a las garantías judiciales
“La OACNUDH considera que hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú. Esto incluye violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, a las garantías judiciales, a la reunión pacífica y al derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe del Alto Comisionado de la ONU.
Asimismo, el informe de la ONU refiere que varios manifestantes fueron denunciados penalmente y acusados por terrorismo, con el objetivo de lograr un efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación. “Es positivo que algunas de estas investigaciones hayan sido archivadas”, alerta.
Vigilancia policial de las manifestaciones sea planificada con el objetivo de permitir su desarrollo
Entre sus 18 recomendaciones finales, el Alto Comisionado de la ONU solicita a las autoridades peruanas garantizar que la vigilancia policial de las manifestaciones sea planificada con el objetivo de permitir su desarrollo y de reducir cualquier posibilidad de daño personal y material, y exhorta al gobierno a que se abstenga de declarar estados de emergencia, “salvo en situaciones verdaderamente excepcionales”.
