La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha desarticulado una red de falsificación de documentos, que presuntamente generó ingresos por más de $3 mil millones de pesos. Como resultado de la investigación, una mujer ha sido enviada a la cárcel, mientras que otras 24 personas enfrentan detención domiciliaria.
Según las conclusiones de la Fiscalía, la red ilegal, supuestamente liderada por Diana Vanessa Janne, operaba reclutando extranjeros en situación irregular. Les proporcionaban transporte, alojamiento y acceso a documentos colombianos falsificados, incluyendo cédulas de identidad y pasaportes, a cambio de sumas que oscilaban entre 2.000 y 4.000 dólares.
“Un fiscal del grupo de casos priorizados de la delegada contra la criminalidad organizada evidenció que la red ilegal presuntamente contaba con el concurso de funcionarios de la Registraduría y la Cancillería para obtener, a cambio de coimas, los documentos que eran entregados a extranjeros provenientes de República Dominicana y Venezuela”, informó la Fiscalía.
La investigación revela al menos 73 trámites irregulares, incluyendo uno que involucra la obtención de documentación para 53 personas. El análisis de bases de datos reveló la existencia de cientos de giros nacionales e internacionales por más de 3.411 millones de pesos, que eran remitidos a nombre de miembros de la organización delictiva.
este delito puede acarrear penas de cárcel de hasta 15 años
Los arrestos fueron llevados a cabo por la Dijín de la Policía Nacional en operativos realizados en múltiples regiones de Colombia, incluyendo Bogotá, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar y Sucre.
Los acusados enfrentan una serie de cargos, incluyendo concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. De los procesados, 18 han aceptado parcial o totalmente su responsabilidad en los cargos atribuidos. Por decisión de un juez de control de garantías, una mujer fue enviada a prisión, mientras que 24 están bajo detención domiciliaria y 6 siguen siendo investigados.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de los esfuerzos por combatir el crimen organizado y la falsificación de documentos en Colombia, así como la necesidad de una cooperación estrecha entre las autoridades judiciales y los organismos encargados de la emisión y control de documentos oficiales