Esta denuncia constitucional fue presentada ante el Congreso el pasado martes y también alcanza a seis exministros de Boluarte. Todos ellos serán investigados por los presuntos delitos ocurridos durante las protestas del 2022 y 2023. Fiscalía de Perú denuncia a Dina Boluarte por presunto homicidio calificado y otros delitos.
El área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público del Perú presentó el pasado 30 de julio una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y seis de sus exministros ante el Congreso por las muertes de más de 40 personas durante las protestas sociales en contra de su gestión que iniciaron en diciembre del 2022 y culminaron a inicios del 2023.
La Fiscalía de la Nación acusa a la mandataria, así como a los otros exfuncionarios, por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves en agravio de las víctimas Cristian Álex Rojas Vásquez, Teófilo Ramírez Ortega, Miguel Ángel Velásquez Chilingano, entre otros.
“Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre del 2022 al 9 de febrero en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad”, indicó el Ministerio Público.
De acuerdo a la denuncia, también están comprendidos el expresidente del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda, el exministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta y los exministros del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández por los mismos delitos.
Cabe destacar durante las protestas contra Boluarte, se registraron 44 personas fallecidas. Son, 41 por acción del proyectil de un arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente. Asimismo, un total de 116 ciudadanos sufrieron lesiones graves y leves. De estas, 78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos.
Archivan denuncia por delito de genocidio
Por otra parte, el Ministerio Público decidió archivar la imputación de genocidio contra Boluarte y los otros investigados, la cual había sido formulada en noviembre del año pasado por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. De acuerdo con la entidad a cargo, no se encontraron elementos suficientes para que los hechos lleven ese calificativo.
