El Departamento de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos hizo público su informe sobre las prácticas de derechos humanos en el Perú durante el 2022, en el que resaltan homicidios ilegítimos, amenazas a la prensa y la prevalencia de la impunidad.
El informe anual revela la existencia de reportes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales por parte del gobierno o sus agentes. Como consecuencia de ello, hasta el 31 de diciembre, se reportaron 28 muertes relacionadas con protestas.
En ese sentido, ONG locales e internacionales afirmaron que el gobierno no previno de manera eficaz los abusos, ni castigó a quienes los cometieron. Los representantes de las ONG alegaron que el Poder Judicial no siempre operaba de manera independiente, no era consistentemente imparcial y, a veces, estaba sujeto a influencias políticas y corrupción.
Respecto a las libertades civiles, se tuvo en cuenta las denuncias emitidas por el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación de Prensa Extranjera del Perú y la Defensoría del Pueblo, las cuales alertaron sobre un incremento de la agresión e intimidación hacia los periodistas que cubrieron las protestas de diciembre. La mayoría de estos ataques fueron físicos y verbales. Estos hechos coincidieron con los hallazgos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otra parte, el informe también hace referencia a la violencia étnica, la cual se ve representada en la falta de protección por parte del Estado. Líderes indígenas aseguran que los gobiernos nacionales y regionales no protegen adecuadamente a sus comunidades, ni a sus propiedades. La ineficacia e impunidad también afecta a estas comunidades que siguen esperando justicia para los defensores indígenas de los derechos ambientales que han sido asesinados desde el 2020.
En cuanto a la efectividad de ciertas entidades gubernamentales, se considera que el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo jugaron roles importantes en materia de derechos humanos y los considera “generalmente efectivos”. No obstante, el informe asegura que la violencia hacia las mujeres y las niñas, incluyendo el abuso sexual, físico y psicológico, aún es un grave problema nacional
