La ONG Human Rights Watch (HRW) presentó este miércoles su informe sobre las muertes ocurridas durante las protestas en el Perú desde diciembre pasado, cuando Dina Boluarte asumió la Presidencia del país tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La organización concluyó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas habrían cometido probables ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y que el Gobierno de Boluarte habría sido “negligente o incluso cómplice” de las presuntas violaciones a los derechos humanos.
“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes (…) Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes implicados, así como a sus superiores y a las autoridades civiles”, indica el informe de HRW.
En el documento, titulado “Deterioro letal, abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, la organización defensora de los derechos humanos resalta que 39 de las 49 muertes en las protestas, registradas por la Defensoría del Pueblo, fueron a causa de heridas de bala. “La evidencia da cuenta que las balas encontradas en los cuerpos corresponden a las que usan las fuerzas de seguridad”, sostuvo Nathalye Cotrino, investigadora de la división de crisis y conflicto de HRW, en conferencia de prensa.
La HRW señala, además, que 14 víctimas recibieron impactos de bala en el torso, 11 en la cabeza y 9 en la espalda. “En varios casos, las fuerzas de seguridad parecen haber matado a personas a distancia, a veces a más de 100 metros, lo que cuestiona la explicación de que dispararon en defensa propia”, precisa el informe.
Otro hecho que remarcan los investigadores de HRW es la inacción del Estado frente a los supuestos abusos cometidos por las Fuerzas del orden. Indican que el Gobierno de Dina Boluarte ha mantenido una retórica “que parecía excusar o minimizar los abusos” deslizando la idea de que los mismos protestantes se habrían disparado entre ellos.
“En los vídeos no encontramos ningún arma en manos de manifestantes y el entonces comandante de la Policía nos confirmó que no decomisaron armas hechizas entre los manifestantes”, dijo César Muñoz, director asociado para las Américas de la HRW.
La HRW también subraya que hasta febrero pasado el Ministerio del Interior y el Ministerio Público no habían abierto ninguna investigación al respecto. Asimismo, dice que no ha percibido que el Ejecutivo vaya a tomar las medidas pertinentes para dar con los responsables de los abusos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
“A menudo negaron que se hubieran producido, al tiempo que expresaban repetidamente opiniones ofensivas sobre los manifestantes y los menospreciaban insinuando que eran ‘terroristas’. La retórica del gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tenían la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad ante las sólidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre la posible negligencia o incluso complicidad en los abusos”, indica el informe de HRW.
Finalmente, la HRW recomienda al Gobierno de Boluarte y al Congreso de la República “trabajar para garantizar una reforma de la Policía para convertirla en una fuerza más eficiente y respetuosa de la ley”.
Para la elaboración del informe “Deterioro letal”, la ONG HRW recogió los testimonios obtenidos de 140 entrevistas, el análisis de 37 horas de video y 663 fotografías y la revisión de autopsias, informes de balística, expedientes penales y otros documentos.
