Un nuevo informe de Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión que “los excesos” cometidos por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú durante las movilizaciones sociales en diferentes regiones del Perú, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, responderían a una política del Gobierno “deliberada y coordinada”.
“Hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas”, añade el documento que lleva el nombre de “Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú” y que fue presentado este jueves 25 de mayo en Lima, la capital.
Al respecto, Raúl Samillán, hermano de un médico muerto en las protestas de Juliaca, Puno, al sur peruano, sostiene “nos duele esa discriminación, que no cesa, que hasta el día de hoy seguimos viviendo. Ya no nos atacan de manera física, pero sí verbalmente. En representación de mis hermanos de Juliaca, que cese este maltrato hacia nosotros, queremos tener paz en nuestros corazones”.
Amnistía Internacional enfocó su labor en las regiones sureñas del Perú: Ayacucho, Puno, Apurímac, y también en Lima. Documentó 25 casos de personas fallecidas, incluido seis menores de edad, que murieron entre el 7 de diciembre y el 9 de enero pasados. De esos casos, ha considerado que 20 “contarían con los elementos que configuran una ejecución extrajudicial”, ya sea por el tipo de munición utilizada, la zona de las lesiones, la aparente indefensión de las víctimas en el momento de la muerte y la mecánica de los hechos observada en videos e imágenes y los testimonios de los testigos.
La organización defensora de los derechos humanos tuvo acceso a 92 piezas de información audiovisual, carpetas fiscales, certificados médicos, pericias forenses y necropsias. Además, realizó entrevistas a los familiares de las víctimas, funcionarios públicos, entre ellos la presidenta Dina Boluarte, representantes de la sociedad civil y periodistas que cubrieron las protestas. Sin embargo, encontró dificultades para recabar información de las fuerzas del orden, debido a que la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa rechazaron las solicitudes de acceso a la información pública, señalando que se trata de “información reservada” o “confidencial”.
Amnistía Internacional ha expuesto cinco hallazgos:
1) La PNP y el Ejército “utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima y la fuerza menos letal (gas lacrimógeno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria”.
2) Los posibles excesos policiales y militares “apuntaría a una respuesta estatal deliberada y coordinada”
3) “El uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”, lo que significaría que hubo un sesgo racista por parte de las autoridades peruanas contra “poblaciones históricamente discriminadas”.
4) La presidenta de la República, Dina Boluarte, y la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Alberto Otárola, “estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército”.
5) “Las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves”.
La organización, finalmente, hace un pedido especial al Gobierno español: “que mantenga la decisión del pasado febrero de suspender la venta de material antidisturbios a Perú hasta que se juzgue a los responsables de la violencia que provocó la muerte a 49 personas y se ofrezca una rendición de cuentas sobre lo ocurrido”.
La presidenta Dina Boluarte ha sido citada a declarar el 31 de mayo en la Fiscalía de la Nación por los casos de violación a los derechos humanos durante las protestas. Boluarte ha solicitado que solo asista su abogado.
