Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la fiscalía ingresaron al domicilio de la presidenta Dina Boluarte tras su inasistencia a diligencias.
La noche del viernes 29 de marzo, la fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanó la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo, en Lima. Esta diligencia se debió a la investigación que inició la fiscalía a la mandataria por presunto Enriquecimiento Ilícito y Omisión de Consignar Declaraciones en Documentos.
Pasadas las 11:30 p.m. del viernes, agentes de la División de Alta Complejidad de la Policía y fiscales delegados por el propio fiscal de la Nación, allanaron la residencia de Boluarte usando una comba para forzar el ingreso. Cinco horas después, el equipo conjunto se desplazó a Palacio de Gobierno para allanar las oficinas y los recintos privados utilizados por la mandataria.
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En la resolución judicial que autoriza los allanamientos, el juez argumenta la diligencia con los antecedentes presentados por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. El primero de ellos tiene que ver con la actitud de la presidenta y su defensa frente al pedido de exhibición de los relojes.
La fiscalía programó para el martes 26 a las 2:30 p.m. una diligencia de exhibición de los relojes; la defensa pidió una reprogramación de la diligencia y de la declaración indagatoria de la presidenta que estaba programada para las 9:30 a.m. del miércoles. Su abogado defensor Mateo Castañeda pidió la reprogramación de ambas diligencias para dentro de dos semanas argumentando una “apretada agenda”. Sin embargo, el fiscal Villena calificó la inasistencia de Boluarte como un acto de rebeldía y negó la reprogramación solicitada.
Los fiscales llegaron entonces al domicilio de la presidenta el miércoles por la tarde pero nadie les abrió la puerta. Lo mismo sucedió al día siguiente en Palacio de Gobierno.
Es por ello que el juez Checkley autorizó los allanamientos al considerar que hay riesgo de pérdida y ocultamiento de los relojes, lo que constituiría una grave afectación a la investigación. “Existe -dice el juez- una alta probabilidad que además de los relojes se encuentre documentación relevante a efectos de los delitos materia de investigación en los inmuebles y vehículos sobre los que se está planteando el presente requerimiento, y que corren el riesgo de ser destruidos, extraviados o modificados”.
Tras el allanamiento en la casa de Boluarte, la fiscalía informó que solo se encontraron 8 relojes, ninguno de ellos de la marca Rolex, por lo que solo tomaron fotografías de los mismos.
