El Congreso aprobó una norma para que no se pueda procesar ni sentenciar a ningún violador de derechos humanos por hechos cometidos antes de 2002. El proyecto es una enorme vía a la impunidad porque no solo anularía los procesos en curso sino las sentencias ya emitidas. El conflicto de los años 80 y 90 en Perú dejó más de 69 mil muertos, 31 mil atribuidos a los grupos terroristas y 20 mil 500 a agentes estatales.
En primera votación, y con el voto favorable de 60 de los 130 parlamentarios, el Congreso del Perú aprobó una ley de amnistía para violadores de derechos humanos. El proyecto, que requiere una segunda votación dentro de un plazo de 7 días para convertirse en ley, establece que nadie puede ser juzgado bajo el criterio de Delitos de Lesa Humanidad por hechos cometidos antes del 1 de julio de 2002, fecha en la que entró en vigor el Tratado de Roma en el país. Es así como el Congreso peruano aprueba ley de impunidad para violadores de Derechos Humanos.
La norma es rotunda en defensa de cientos de violadores a los derechos humanos responsables de crímenes durante la época del Conflicto Interno en los años 80 y 90. La ley de impunidad, promovida por Fuerza Popular, el partido que dirige Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori establece que se declaran prescritos los procesos y que este beneficio se aplicará a todos los casos “cualquiera sea su estado”, es decir que cubre a quienes tienen sentencia y a quienes no la tienen y cuyos procesos se refieran a hechos ocurridos antes de julio de 2002.
La norma contempla además una amenaza directa a los jueces que pretendan inaplicarla haciendo uso de su independencia de decisión pues si lo hacen serán sancionados y se les aplicará la responsabilidad funcional.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha advertido que esta ley “colisiona con la obligación estatal de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Perú. Estas obligaciones no solo encuentran asidero claramente constitucional, sino también en el derecho internacional, que reconoce la existencia de un núcleo de derechos inderogables”.
(((/ www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_162_esp.pdf Esta es la sentencia, página 109, numeral 226 se puede encontrar un párrafo contundente de la sentencia de La Cantuta por si lo quieren poner)))
Expertos en derecho internacional y derechos humanos sostienen que al ratificar la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, Perú ha reconocido que esos crímenes no prescriben y así lo han recordado varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el Caso La Cantuta en el que fueron asesinados y desaparecidos un profesor y 9 estudiantes de la Universidad de La Cantuta por el Grupo Colina, un escuadrón exterminador del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, la Corte IDH sostuvo que “son indamisibles las disposiciones de Amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”.
El autor de la ley, el fujimorista Fernando Rospigliosi quien en el pasado había criticado con dureza un proyecto presentado durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), sostuvo que esta ley pretende “impedir que magistrados politizados y prevaricadores sigan persiguiendo a militares y policías que derrotaron al terrorismo”, pero un ex procurador y experto en derecho internacional, el abogado César Azabache, le recordó que “el proyecto no se refiere a militares y policías que derrotaron el terrorismo sino a los que violaron los derechos humanos”.
Presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, sustenta el proyecto de su colega de bancada Fernando Rospigliosi (izq). Foto Agencia andina
El conflicto armado interno en Perú ha dejado una huella de muerte y es aún una herida sin cerrar pues persiste la impunidad y un alto número de víctimas desaparecidas. La Comisión de la Verdad y reconciliación ha estimado en 69.280 el número de víctimas fatales, casi la mitad de ellas (31 mil) a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso, y 20 mil 500 a causa de agentes estatales, principalmente militares y policías que operaban en la llamada zona de emergencia.
