Por la muerte de 49 ciudadanos peruanos abatidos a tiros por el Ejército y la policía durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, denunciarán a presidenta Boluarte ante la Corte Penal Internacional.
El exrepresentante ante la OEA, Harold Forsyth, anunció que la presidenta Dina Boluarte será denunciada ante la Corte Penal Internacional por presunta violación sistemática de los Derechos Humanos durante las protestas al inicio de su gestión. Según las encuestas, el 80% de la población quería un adelanto de elecciones tras el autogolpe del expresidente Pedro Castillo, pero Dina Boluarte se negó a renunciar y su gobierno reprimió a sangre y fuego las manifestaciones en su contra, dejando un saldo de medio centenar de peruanos muertos y decenas de heridos.
En noviembre del año pasado, la Fiscalía de la Nación interpuso una denuncia constitucional en contra de la presidenta Boluarte – y varios de sus ministros – ante el Congreso de la República. Sin embargo, el Parlamento no puede avanzar con la acusación porque la presidenta está protegida por la inmunidad presidencial y sólo puede ser procesada tras concluir su mandato.
“Este asunto no da más, las cortes de justicia existen para administrar justicia…, pero existe algo que se llama la Corte Penal Internacional (…) y donde hay un grupo de ciudadanos del Perú que proponemos presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional —contra Dina Boluarte— por violación sistemática de los derechos humanos y por la existencia de esta gran cantidad de muertos, compatriotas, sin que nadie se haga cargo”, declaró a radio Exitosa el embajador Forsyth.
La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente, establecido para juzgar a individuos acusados de cometer crímenes contra la humanidad como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
Organizaciones de Derechos Humanos, como la FIDH y APRODEH, han anunciado que el 25 de junio estarán en La Haya ante la Corte Penal Internacional, para presentar un pedido de Examen Preliminar por el asesinato de 49 personas y decenas de heridos durante las manifestaciones en el Perú.