El ministro de educación, Morgan Quero, es objeto de duras críticas tras haber declarado que los abusos sexuales contra niñas y adolescentes registrados en la selva peruana podrían considerarse una “práctica cultural”. Sus declaraciones se dieron en medio del estupor provocado por una denuncia según la cual 500 menores de edad fueron víctima de violación sexual y contagiadas con VIH por sus maestros, durante los últimos 14 años, en la comunidad de Condorcanqui, región Amazonas. Es así como los ministros indignan al llamar “práctica cultural” a violaciones sexuales a niñas.
“Si es una práctica cultural que lamentablemente sucede para ejercer una forma de construcción familiar, vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano”, manifestó el titular de la cartera de Educación ante los medios de comunicación.
El Colegio Médico del Perú condenó las declaraciones del ministro Quero y demandó “una respuesta gubernamental rápida, con una investigación efectiva, castigos ejemplares para los agresores, soporte completo a víctimas y familiares, y estrategias preventivas a nivel nacional”.
Tras la ola de indignación desatada por este comentario, la ministra de la mujer, Ángela Hernández, ratificó las palabras del ministro de educación: “Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que tenemos y debemos desterrar”. Agregó que su cartera busca “informar a las niñas y adolescentes” sobre estos casos y buscarán medios para trabajar en la prevención del abuso sexual trabajando en conjunto con los padres de familia, profesores y líderes de las comunidades.
La nación wampí respondió a través de un video en redes sociales afirmando que los abusos sexuales no son una práctica cultural, sino un delito. Alertaron que diez profesores denunciados por hostigamiento y abuso sexual continúan trabajando en las aulas de la comunidad wampí y exigieron sanciones para los funcionarios del Ministerio de Educación por haber encubierto estos casos.
Organizaciones civiles y gremios indígenas y feministas piden la renuncia de ambos ministros por justificar las agresiones sexuales contra más de 500 niñas y niños por sus propios docentes en la comunidad de Condorcanqui. Señalan que no se puede permitir la continuidad de funcionarios que justifican un delito y que carecen de enfoque intercultural y de género.
