En un preocupante informe revelado por la Policía Nacional de Colombia, se han documentado 101 casos de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes (NNA) durante el año 2024, destacando como principales focos de actividad los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá, Villavicencio y Tolima.
El reclutamiento ilegal de menores es una práctica condenable que vulnera los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia en el país. Según las autoridades, los grupos armados organizados utilizan diversas estrategias para atraer a los jóvenes vulnerables, aprovechando entornos de desigualdad social, alta deserción escolar, asentamientos ilegales y condiciones de pobreza extrema.
Entre las modalidades identificadas por las autoridades se encuentran:
- Capitalización del arraigo comunitario: Utilización de organizaciones sociales para realizar “citaciones” bajo el pretexto de luchar contra la desigualdad, ofreciendo alimentos, dádivas y kits escolares.
- Exploración sexual: Aprovechamiento de trabajadoras sexuales para acercarse a los menores, especialmente en regiones como Cauca y Nariño.
- Vínculo familiar o amistoso: Aprovechamiento de la afinidad con familiares o amigos ya vinculados a los grupos armados.
- Uso de redes sociales: Creación de perfiles en plataformas como TikTok para promover la vida guerrillera y atraer a nuevos reclutas.
Además, se ha identificado la existencia de “centros de instrucción” donde los menores reclutados reciben entrenamiento básico de guerrilla, incluyendo el manejo de armas y procedimientos médicos, antes de ser enviados a zonas estratégicas controladas por los grupos armados.
Según el informe, los departamentos de Cauca, Nariño y Valle concentran la mayor actividad de reclutamiento, especialmente entre comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, mientras que en Antioquia, sur de Bolívar y Norte de Santander, el Clan del Golfo y otros grupos ilegales ofrecen incentivos económicos para atraer a jóvenes en condición de vulnerabilidad.
Las autoridades colombianas han logrado la recuperación de cuatro menores reclutados durante el presente año, resaltando la urgencia de medidas más efectivas para proteger a la población joven de estas prácticas criminales.
El gobierno colombiano y las organizaciones internacionales de derechos humanos continúan trabajando en estrategias de prevención y atención integral para mitigar el impacto devastador del reclutamiento ilegal de niños y adolescentes en el país.