En la tercera fecha del caso Cocteles, el fiscal a cargo, José Domingo Pérez, también solicitó que la líder de Fuerza Popular sea inhabilitada de ejercer cargos públicos por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones del 2026. Es así como fiscalía ratifica pedido de prisión de 30 años para Keiko Fujimori ante acusaciones de corrupción.
Este último martes 9, durante el tercer día del juicio oral del caso Cocteles, el representante de la Fiscalía Anticorrupción, José Domingo Pérez, pidió individualizar los cargos para los otros 40 imputados y ratificó el pedido para que, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sea condenada a 30 años y 10 meses de prisión. Además, solicitó que sea inhabilitada de ejercer cargos públicos por 15 años y 5 meses, lo que la dejaría fuera de carrera para postular en las elecciones venideras.
De acuerdo con Domingo Pérez, aquella condena corresponde a la sumatoria de las penas correspondientes a los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración con falsedad genérica, que se habrían cometido entre el 2011 y 2016.
El fiscal señaló que Keiko Fujimori es la líder de una “organización criminal”, que “coordina, dispone u ordena” a través de su partido político, Fuerza Popular.
“A Keiko Fujimori Higuchi también se le imputa en calidad de autoría inmediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados del poder”, mencionó el fiscal.
El caso Cocteles continúa este miércoles y en las siguientes semanas; sin embargo, fiscal Pérez podría ser suspendido en medio del juicio. Todo ello, debido a que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, reactivó una investigación que data del 2019 contra él y el fiscal superior del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba. De ser aprobado dicho proceso disciplinario, la sanción alejaría al fiscal del caso.
“Mientras no nos suspendan, continuaré a cargo del caso”, declaró Pérez al final del tercer día del juicio oral”.
Por su parte, Vela Barba señaló que el objetivo de esta reactivación es “debilitar los casos”. “Ese es el propósito de la instrumentalización de organizaciones tan importantes como la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”, sostuvo a Epicentro Tv.
