El concejal John Fredy Gil Franco fue brutalmente asesinado por un sicario el pasado 27 de abril, generando pánico entre la comunidad de Jamundí y un severo llamado de atención a las autoridades locales y nacionales debido a la creciente violencia en la región.
Tras intensas investigaciones, la Fiscalía logró importantes avances al capturar y judicializar a tres presuntos responsables del crimen. Los detenidos fueron identificados como Willian Steven Grisales Salamanca, alias Palomo; Sebastián Gutiérrez Coronado, alias El Indio; y Brayan Alberto Paz Mosquera, alias Tony. Se les imputaron los delitos de homicidio agravado, hurto calificado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.
Según la investigación de la Fiscalía, alias Palomo ingresó a un establecimiento donde el concejal Gil Franco se encontraba con su equipo, disparándole en nueve ocasiones y causándole la muerte. Posteriormente, despojaron a la víctima de sus pertenencias personales, incluyendo un reloj.
Valle del Cauca es uno de los departamentos más afectados por el actuar de los grupos armados
El Indio fue señalado de realizar labores de vigilancia e inteligencia previas al crimen para ubicar al concejal. Por su parte, alias Tony habría sido el conductor del vehículo utilizado para transportar a los responsables antes y después del homicidio.
Ninguno de los capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y fueron enviados a prisión mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. Este avance marca un paso significativo en la búsqueda de justicia para Gil Franco y su familia, así como para la comunidad de Jamundí.
El asesinato del concejal se suma a una serie de eventos violentos que han sacudido al departamento en los últimos meses, incluyendo los homicidios de otros funcionarios públicos como Carlos Arturo Londoño en Tuluá y Eliecid Vargas en una tragedia ocurrida en la Noche Vieja del año anterior.
Este crimen ha generado una profunda preocupación en la sociedad vallecaucana y nacional, destacando la urgente necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y justicia en la región para enfrentar la violencia que afecta a los líderes comunitarios y funcionarios públicos.