La presidenta de la Comision Interamericana de Derechos Humanos Margarette May Macaulay sostuvo que el gobierno peruano sabe que la Comisión incluyó sus observaciones en el informe de la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas ocurridas a partir del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
En entrevista con Epicentro.TV
la comisionada sostuvo que es decepcionante la respuesta pública de gobierno pero que están acostumbrados a ese tipo de reacciones de parte de los gobiernos.
La comisionada Macaulay señaló que lo que incluye el informe de la CIDH sobre Perú es una mirada objetiva de los hechos que terminaron con la muerte de 49 personas en las protestas y otras 11 en hechos asociados a las manifestaciones, como personas que no pudieron recibir atención médica por los bloqueos de carretas.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte advirtió que no acepta los términos “masacre” y “ejecuciones extrajudiciales” utilizados en el informe. “Utilizamos el término masacre muchas veces en el pasado, no es la primera vez, la Comisión ha existido durante más de 60 años y ya hemos hecho este tipo de informes cuando ha habido crisis para muchos estados. (…) Usamos el término con un resalte: dijimos que esos hechos podrían describirse como masacres”.
Este viernes en medio de las airadas reacciones del gobierno contra el informe de la CIDH, el medio independiente Hildebrandt en sus Trece publicó la respuesta interna que dio el gobierno a la CIDH antes de la publicación del informe y queda en evidencia que su respuesta privada tiene un tono distinto: el gobierno admite que hubo excesos en el uso de la fuerza pero atribuye toda la responsabilidad a los policías y militares y anuncia una próxima reorganización de las Fuerzas Armadas. Así, queda claro que mientras en público niegan abuso en el uso de la fuerza y que haya habido siquiera alguna violación a los derechos humanos, en la respuesta interna a la CIDH no solo no la niegan, sino que se la endilgan directamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía.
El alcalde de Lima Rafael López Aliaga fue uno de los que criticaron con vehemencia el informe y sostuvo que nunca ha visto que la CIDH se pronuncie sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al respecto, la presidenta de la CIDH invitó a la máxima autoridad de la capital peruana que entre a la web y conozca lo que ha hecho la CIDH en 60 años de historia: “Múltiples veces hemos hecho los informes. Invitaría a ese hombre ( el alcalde López Aliaga ) a que fuera a nuestro sitio web y leyera los informes que hemos realizado sobre esos estados que él menciona; se va a sorprender de la cantidad de informes que hemos hecho porque cuando existen violaciones a los derechos humanos en estos estados, incluso en este estado en el que yo estoy, Estados Unidos, nosotros sí lo señalamos en un informe”.
En Perú una ola conservadora propone frecuentemente que el país se retire del Pacto de San José que regula el sistema interamericano, pero como es evidente, los informes de la CIDH siguen publicándose incluso sobre países que no han ratificado el Pacto, como Estados Unidos, o sobre otros que se han salido de él, como Nicaragua.
