Un extracto del interrogatorio fiscal a la mandataria Dina Boluarte sobre las muertes ocurridas durante las protestas de los últimos diciembre y enero, ha sido revelado. En el documento, se puede leer que fue consultada por la declaración de un policía que afirmó que sí hubo la orden de usar armas de fuego contra los manifestantes por parte de la Presidencia de la República y los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La pregunta a Boluarte está relacionada al testimonio del suboficial, ahora en retiro, Jhon Torres Yataco, ante el Ministerio Público. El exagente dio detalles sobre su participación en el comando policial que fue destacado al aeropuerto de Juliaca, en Puno, al sur peruano, el pasado 9 de enero, y contó que renunció a la PNP luego de los 18 fallecidos en dicha ciudad.
Según el Ministerio Público, Torres Yataco señaló “que las órdenes (de sus superiores) fueron dadas dentro del aeropuerto, indicando que cada quien ya conocía su función, a lo que se refería que los escuderos tenían que cubrir al escopetero para que lancen gas y los de AKM formaban aparte, y les indicaba que si era una persona ellos tienen la autorización de su Comando y de la Presidencia para hacer uso de armas de fuego”.
El Ministerio Público, además, le pidió al exagente que especifique cómo supo que la autorización venía de la máxima autoridad del país. Torres Yataco respondió: “Porque cuando estábamos formando claramente (mi superior) dijo que estas órdenes venían de los altos mandos policiales y de la Presidencia de la República”.
Ante el testimonio del expolicía, la mandataria Dina Boluarte señaló a la Fiscalía de la Nación que “no tengo conocimiento al respecto”. “Como presidenta de la República y jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales no me dirijo de manera directa a los comandos y son ellos quienes disponen las operaciones conforme a sus decretos legislativos. De ninguna manera me dirijo a ellos de manera personal”, indicó.
Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves por las 49 muertes y casi dos mil heridos durante las manifestaciones sociales en contra de su gobierno, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
