El Senado aprobó por unanimidad una reforma constitucional para la prohibición del matrimonio infantil en México, ya no se podrá justificar esta practica por usos y costumbres en las comunidades indígenas del país.
Con 75 votos a favor, el Senado de México coincidió en aprobar la modificación del artículo 2 de la Constitución para prohibir los matrimonios infantiles en las comunidades indígenas del país.
En la reforma se destaca que las prácticas de usos y costumbres comunitarias, entre las que se encuentra el matrimonio forzado, no pueden vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes..
“Con el objetivo de poner fin al matrimonio infantil, se aprobó una reforma constitucional para establecer que los usos y costumbres de las comunidades indígenas no justificaran practicas contrarias al interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, destaca el Senado de la República.
Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran las mayores cifras de matrimonios infantiles
El dictamen aprobado este martes 13 de febrero establece que debe respetarse el interés superior de los menores pertenecientes a estas comunidades, en donde el matrimonio forzado aún es una práctica común.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, México se posiciona como el octavo país con mayor índice de matrimonio infantil en el mundo.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) indica que tan solo en el 2020 se contabilizaron al menos 27 mil 800 adolescentes de entre 12 y 17 años de pueblos originarios casados o unidos.
Los estados que concentran las mayores cifras de menores de edad en uniones forzadas son Chiapas, Oaxaca y Guerrero; de hecho, este último estado ocupó el primer lugar en 2022 de niñas madres.
Una práctica normalizada y difícil de erradicar en las comunidades indígenas
En México esta prohibido el matrimonio infantil desde hace años, la legislación específica que los 18 años es la edad mínima para una unión civil en el país, sin excepciones.
Sin embargo, ha sido una práctica difícil de erradicar en las comunidades indígenas y rurales, en donde se ven normalizados y se siguen llevando a cabo por motivos culturales, económicos o religiosos.
Tras la aprobación en el Senado, el dictamen ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación y luego pasará a los Congresos locales.
