La Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia crucial en la que ordenó a las autoridades atender de manera diligente y con rigurosidad las denuncias de mujeres en situación de riesgo de feminicidio, subrayando la importancia de no pasar por alto las amenazas y hostigamientos a las víctimas. En su fallo, la Corte hizo énfasis en que la violencia de género no siempre comienza con agresiones físicas, sino que a menudo se inicia con amenazas y otros actos de violencia psicológica que pueden evolucionar hacia feminicidios si no se toman medidas oportunas.
La Corte destacó que muchas veces las mujeres que denuncian agresiones enfrentan una atención insuficiente por parte de las autoridades, lo que aumenta su vulnerabilidad. En este contexto, el alto tribunal instó a una acción más proactiva por parte de las instituciones para evaluar adecuadamente el nivel de riesgo de feminicidio que enfrentan las denunciantes.
El caso que motivó la sentencia
La sentencia T-027 de 2025 se produjo luego de que la Corte estudiara el caso de una mujer que había sido víctima de abuso físico y sexual por parte de su pareja durante un viaje. Tras terminar la relación, la mujer sufrió humillaciones laborales, amenazas de muerte y mensajes insultantes del agresor. A pesar de denunciar los hechos ante la Fiscalía, la denuncia fue archivada sin la debida investigación.
Ante la inacción de las autoridades, la mujer interpuso una acción de tutela solicitando medidas de protección para ella y su familia. La Corte determinó que la respuesta a su denuncia había sido deficiente, por lo que ordenó a la Fiscalía ampliar la investigación de manera urgente y evaluar la necesidad de extender las medidas de protección a otros miembros del núcleo familiar. Además, exhortó a la Secretaría Distrital de la Mujer a ofrecer acompañamiento psicosocial a la víctima.
Las órdenes de la Corte
En su fallo, la Corte Constitucional subrayó la responsabilidad de las autoridades en identificar de manera temprana el riesgo de feminicidio que enfrentan las mujeres víctimas de violencia. Instó a las instituciones a ser más eficientes y comprometidas con la prevención de estos crímenes, especialmente en el contexto de relaciones de pareja donde la violencia suele comenzar con amenazas y hostigamientos.
La Corte también recordó que, a pesar de los avances, el sistema judicial colombiano aún enfrenta obstáculos significativos que dificultan la investigación y sanción de los agresores. En este sentido, hizo un llamado a redoblar esfuerzos para garantizar la prevención y sanción de los feminicidios en Colombia, un fenómeno social que refleja una cultura de discriminación y violencia contra las mujeres.
El impacto de la sentencia
Esta decisión marca un precedente importante en la protección de los derechos de las mujeres en Colombia y pone de manifiesto la necesidad urgente de una respuesta más eficaz frente a la violencia de género. La Corte, en su fallo, instó a una acción más rigurosa y rápida por parte de las autoridades, para evitar que los casos de violencia de género escalen y terminen en tragedias como el feminicidio.