La llegada de Dina Boluarte a la Presidencia del Perú se dio la tarde del 7 de diciembre pasado, después de la destitución del exmandatario Pedro Castillo por su intento de Golpe de Estado. Boluarte, primera vicepresidenta en ese entonces, lo reemplazó constitucionalmente. No obstante, las encuestas señalan que alrededor del 70 % de la población desaprueba su gestión y cree que debería renunciar para facilitar el adelanto de elecciones.
En estos tres meses las movilizaciones en contra de la mandataria Dina Boluarte se activaron primero en la sierra sur del Perú (Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno) para luego trasladarse a Lima, la capital en los meses de enero y febrero. El saldo ha sido 66 muertos, 48 de ellos civiles, y 1,335 heridos según el conteo de la Defensoría del Pueblo.
Algunas investigaciones de medios extranjeros, como The New York Times, han concluido que la policía y el ejército del Perú hicieron uso de una “fuerza excesiva” en contra de los manifestantes. Ello ha generado la preocupación de diversos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los relatores especiales de la ONU, quienes han emitido informes al respecto.
Uno de los desaciertos de Boluarte ha sido criminalizar las manifestaciones. “Las protestas son azuzadas por grupos radicales que tienen una agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando”, dijo la jefa de Estado del Perú, quien afronta una investigación a cargo del Ministerio Público para esclarecer las muertes en el marco de la convulsión social.
Su relación con algunos presidentes de los países de la región no es de las mejores. Ha sostenido un intercambio de palabras con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Las consecuencias: las relaciones entre México y Perú han quedado reducidas a encargados de negocios y Petro ha sido declarado persona non grata por el Congreso.
Además, López Obrador se ha negado a entregarle a Dina Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración económica y comercial entre Chile, Colombia, México y Perú.
Por otro lado, el gobierno de Boluarte enfrenta un nuevo problema. Se ha producido una caída en el Producto Bruto Interno (PBI) de la economía peruana en el mes de enero: 1,12% después de un crecimiento sostenido durante 22 meses. Cifras que podrían continuar en rojo debido a las inundaciones, huaicos y desbordes de ríos por la temporada de lluvias, el ciclón Yaku y un probable Fenómeno de El Niño Costero en los próximos meses.
“Soy una mujer provinciana, víctima del odio y la venganza, que solo quiere trabajar con las manos limpias sin robarle un sol al Perú”, ha remarcado Boluarte. Sin embargo, en este lapso de tiempo no ha contado con el apoyo de los colectivos feministas ni tampoco de los pueblos indígenas.
Sin una bancada visible en el Congreso, pero con el apoyo de agrupaciones de derecha, la permanencia de la mandataria Dina Boluarte aún no está definida. El Parlamento peruano no ha logrado un consenso por quinta vez respecto al adelanto de elecciones. Podría decirse que ella luce conforme hasta que la situación resista. Lo que sí ha dejado en claro es que no va a renunciar.
