Roberto Salazar II, vivía en la base aérea de Miramar en San Diego, y desde ahí operaba una red de tráfico de drogas. Salazar llegó a un acuerdo en el que admitió reclutar a infantes de marina, así como estudiantes de Southwestern College para transportar heroína, fentanilo, cocaína y metanfetaminas por las garitas de San Ysidro y Otay.
Durante la audiencia de sentencia, el fiscal y el juez reprobaron la conducta de Salazar, tachándolo de llevar una doble vida como defensor de la patria y criminal envenenando con narcóticos a la población de EEUU.
El abogado defensor dijo que su cliente entro en el mundo delictivo, por necesidad económica, guiado por la falta de recursos para crear a su hijo aún siendo militar.
Salazar organizó y coordinó la entrada de estupefacientes entre Tijuana y San Diego del años 2015 hasta el 2022.
