El Poder Judicial del Perú declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado para efectuar el embargo de los bienes del expresidente Pedro Castillo Terrones y del exprimer ministro Aníbal Torres Vásquez, investigados por el frustrado golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
El embargo fue dictado este lunes por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia peruana, a cargo del juez Carlos Checkley.
Según la Procuraduría General, el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo “en forma de inscripción e inhibición” de cuatro propiedades del exmandatario Pedro Castillo, las cuales se encuentran ubicadas en los distritos de Anguía y Tacabamba, en la provincia Chota, en la región Cajamarca, al norte del Perú.
En el caso del expremier Aníbal Torres se tratan de nueve bienes: ocho inmuebles en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, ubicados en la capital del Perú; así como un vehículo.
La Procuraduría General del Estado peruana ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles, el equivalente a 19 millones de dólares, por el fallido golpe de Estado perpetrado a finales de 2022.
