Las autoridades venezolanas privaron de su libertad y presentaron ante los tribunales al joven universitario John Kelvin Álvarez, por presuntamente estar relacionado con el grupo de seis sindicalistas acusados de terrorismo.
Alvarez fue repotado como desparecido el 30 de agosto y al día siguiente sus familiares se enteraron que el joven había sido detedo por la policía al parecer pegando afiches alusivos a protestas.
Joel García y Eduardo Torres, abogados defensores de Álvarez, manifestaron que el estudiante fue torturado y maltratado por los efectivos policiales que lo interrogaron, que le sustrajeron sus pertenencias, tal como es el procedimiento por parte de la policía del Estado venezolano.
Así mismo se conoció que la madre del joven, afirmó en la Defensoría del Pueblo que a su hijo “le dieron varios golpes inteligentes, concebidos para no dejar rastro, y le aplicaron electricidad”, en testículos, costillas y rodillas. la dama dijo; “Quiero hacer un llamado al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, para que haga todo lo que esté en sus manos.
La ONG Provea una de las más importantes del país, también rechazó y denunció en un comunicado que la medida “forma parte de un patrón de hostigamiento contra estudiantes, líderes sindicales, políticos, y toda la sociedad civil venezolana que se revele ante el actual gobierno”. “Intentan cerrar el espacio cívico ante la exigencia de derechos, los salarios de hambre y falta de democracia”.