En medio de una polémica creciente, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, arremetió contra las decisiones del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y otros líderes locales, quienes han propuesto enviar a venezolanos, en su mayoría con antecedentes delictivos, hacia el corregimiento Paraguachón en la frontera guajira. Este movimiento ha generado una ola de tensiones en la región, desencadenando fuertes reacciones por parte de diversos sectores.
Aguilar Deluque, en una declaración enérgica, condenó la propuesta de trasladar a los venezolanos en convoyes comparándolos con los trenes utilizados durante las deportaciones masivas de la Segunda Guerra Mundial. Subrayó que esta medida no solo viola los derechos humanos y las leyes de migración respaldadas por tratados internacionales, sino que también desafía el sentido común. Asimismo, defendió el procedimiento de expulsión respaldado por las normativas colombianas y los tratados internacionales vigentes, destacando la necesidad de proteger a los ciudadanos honestos y trabajadores.
17 ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la frontera de La Guajira
Por otro lado, el director de Migración Colombia, Fernando García, ofreció una perspectiva institucional sobre el controvertido asunto. Explicó que entre el 22 y 25 de mayo, se llevó a cabo un procedimiento de verificación migratoria en Arauca, con el objetivo de ejercer control sobre la permanencia de extranjeros en el país. Ante la necesidad de ubicar a los ciudadanos venezolanos en el lugar más próximo de su origen, se determinó trasladarlos al departamento de La Guajira, desde donde serían entregados formalmente a las autoridades migratorias venezolanas.
Alcalde de Bucaramanga afirma que hay otros 600 ciudadanos venezolanos que busca expulsar
Esta situación ha generado un intenso debate sobre las políticas migratorias y la cooperación entre las diferentes entidades gubernamentales. Mientras algunos sectores apoyan las medidas de control y expulsión de personas con antecedentes delictivos, otros cuestionan la forma en que se están llevando a cabo estas acciones y advierten sobre posibles violaciones de derechos fundamentales.
La disputa entre el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de La Guajira refleja la complejidad y sensibilidad de la situación migratoria en Colombia, donde convergen preocupaciones sobre seguridad, derechos humanos y cooperación internacional. En este contexto, se hace necesario un diálogo constructivo y acciones concertadas que busquen soluciones efectivas y respetuosas con los principios democráticos y humanitarios.