La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha registrado un alarmante incremento en las denuncias de homicidios de líderes sociales en Colombia durante el primer semestre de 2024. Según informes recientes, se han recibido un total de 98 denuncias por estos crímenes en el país, de las cuales 27 casos han sido verificados por Naciones Unidas y otros 34 se encuentran actualmente en proceso de verificación.
El departamento del Cauca emerge como una de las zonas más afectadas por esta violencia, con al menos 5 casos confirmados de homicidios de líderes sociales. Esta preocupante situación ha llevado a la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, a expresar su inquietud durante su reciente visita al departamento del Huila.
Nariño, Valle del Cauca, Santander y Atlántico son los departamentos donde se concentran el mayor número de denuncias
Durante su estancia en Huila, de Rivero se reunió con líderes sociales locales y manifestó su preocupación por la expansión de grupos armados no estatales en la región. “Estamos preocupados por las afectaciones a los derechos humanos generadas por estos grupos, incluyendo el reclutamiento infantil y las amenazas contra defensores de derechos humanos, especialmente los miembros de las Juntas de Acción Comunal y líderes indígenas”, señaló.
La representante de la ONU también recogió información sobre casos de extorsión que están afectando gravemente el desarrollo y la economía de las comunidades campesinas e indígenas en el departamento del Huila.
“Es crucial que las negociaciones del gobierno con estos grupos armados produzcan resultados tangibles, y exigimos que respeten los derechos de la población civil, garantizando la tranquilidad, la protección de la vida y del medio ambiente”, enfatizó de Rivero.
La escalada de violencia contra líderes sociales en Colombia es motivo de profunda preocupación tanto a nivel nacional como internacional, lo que lleva a las autoridades colombianas a tomar medidas efectivas para proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Las organizaciones de derechos humanos y las autoridades locales siguen trabajando en conjunto para investigar estos crímenes y garantizar la seguridad de los líderes sociales que están en riesgo en diversas regiones de Colombia.