En una alocución presidencial realizada la noche del 4 de septiembre, el presidente Gustavo Petro reveló detalles preocupantes sobre la adquisición de un software espía por parte del gobierno del expresidente Iván Duque. Según Petro, se hizo un pago por 11 millones de dólares en efectivo para adquirir ‘Pegasus’ de la empresa israelí NSO Group, con el presunto objetivo de realizar espionaje previo a las elecciones presidenciales de 2022.
La denuncia de Petro está respaldada por un reportaje publicado en marzo de este año por el periodista Gur Megiddo en el diario israelí The Haaretz. De acuerdo con la información, el dinero destinado a la compra del software fue transportado desde Bogotá hasta Tel Aviv en dos jets privados a mediados del 2021. La transacción, según Petro, se realizó a través de la Dirección Nacional de la Policía (DIPOL).
la transacción se hizo en un banco israelí
El software ‘Pegasus’, desarrollado por NSO Group, tiene la capacidad de infiltrarse en teléfonos móviles a través de mensajes de texto o llamadas de WhatsApp. Una vez instalado, puede acceder a mensajes, llamadas, contraseñas y ubicaciones de los usuarios. Aunque la compañía afirma que su tecnología está destinada a prevenir el terrorismo y la delincuencia, su uso ha estado envuelto en controversias internacionales. La aplicación de este producto ha estado implicada en escándalos de espionaje en países como México, España y El Salvador.
En su intervención, Petro destacó que la compra se realizó en efectivo y bajo circunstancias que suscitan serias dudas sobre su legalidad y propósito. “La DIPOL compró en efectivo, por 11 millones de dólares, a una empresa israelí, para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas. Esto lo hizo la DIPOL”.
La denuncia hecha por el primer mandatario ha avivado el debate sobre el uso de tecnologías de espionaje y la legalidad de las prácticas de las agencias gubernamentales en Colombia.
La revelación plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en las operaciones de seguridad y vigilancia durante el gobierno anterior, y añade un nuevo capítulo a la discusión sobre la privacidad y el poder en la política colombiana.