En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de tres personas vinculadas a una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual de menores de edad en un bar en el sector de Chapinero, en Bogotá. El caso ha conmocionado al país debido a la gravedad de los abusos sufridos por las víctimas, quienes eran forzadas a mantener hasta seis encuentros sexuales diarios con clientes del establecimiento.
Las víctimas, dos menores de 15 y 16 años, fueron retenidas y abusadas sistemáticamente por los cabecillas de la banda criminal ‘Elixir’, quienes las sometían a trabajos sexuales bajo condiciones extremas de abuso y tortura. Según las autoridades, las menores eran inicialmente abusadas por el líder de la red en cuartos oscuros del bar, para luego ser vendidas a los clientes. La Fiscalía confirmó que el grupo delincuencial se dedicaba principalmente a captar a menores extranjeras y locales, sometiéndolas a prostitución forzada y a una cruel explotación.
La estructura de la red y su modus operandi
La red de trata operaba bajo el disfraz de un bar, que en realidad era un centro de prostitución clandestino. Las menores eran secuestradas, torturadas y obligadas a realizar múltiples encuentros sexuales con los clientes, que incluían desde universitarios hasta comerciantes de la zona. Las autoridades señalaron que las víctimas eran sometidas a abusos sexuales en condiciones inhumanas, siendo forzadas a mantenerse en el establecimiento durante días, hasta que se falsificaban sus documentos de identidad para eludir los controles migratorios y policiales.
De acuerdo con el informe de la Policía de Bogotá, las menores eran obligadas a realizar entre cuatro y seis encuentros sexuales al día. Cada servicio tenía un costo de entre $150.000 y $200.000, con lo cual la organización generaba ingresos mensuales superiores a los 120 millones de pesos colombianos.
Tras 12 meses de investigación, las autoridades identificaron y capturaron a tres personas clave dentro de la organización. Los detenidos son alias “Mauricio” (41 años), quien lideraba la red y era responsable de trasladar y alojar a las menores en el bar; alias “Sergio” (44 años), el administrador del local y encargado de falsificar los documentos de identidad de las víctimas; y alias “Ruby” (50 años), quien se encargaba de atraer a las menores y llevarlas al líder para ser abusadas y forzadas a la prostitución.
El fiscal a cargo del caso destacó la brutalidad de los crímenes cometidos por esta red de trata, señalando que las víctimas fueron sometidas a un proceso de deshumanización, que incluyó la tortura psicológica y física para mantenerlas bajo control. “Este es un crimen atroz que no solo viola los derechos humanos más fundamentales de las víctimas, sino que también desgarra el tejido social de nuestra nación”, expresó el fiscal.
Los capturados y su historial criminal
Los tres detenidos fueron llevados ante un juez de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Según los informes, dos de los capturados ya tenían antecedentes criminales relacionados con delitos de inducción a la prostitución, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.
Las víctimas rescatadas fueron trasladadas a un centro de rehabilitación, donde recibirán apoyo psicológico, médico y legal para iniciar su proceso de recuperación. Las autoridades han destacado la importancia de continuar con las investigaciones, con el fin de identificar a otros miembros de la red y garantizar que los responsables enfrenten las máximas sanciones penales.
Este caso resalta la gravedad de la trata de personas en Colombia, un delito que afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía y la Policía Nacional han reiterado su compromiso de seguir luchando contra la trata de personas y han instado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto sospechoso que pueda estar relacionado con este tipo de delitos.
La desarticulación de esta red criminal es un paso importante en la lucha contra la explotación sexual infantil, pero también un recordatorio de la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y protección para garantizar que ningún menor quede expuesto a la explotación y el abuso.