El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado oficialmente este miércoles recoge de manera detallada los hechos que ocurrieron en el Perú durante las protestas tras el frustrado golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023. Su conclusión es contundente: el Estado hizo “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” en el control de las movilizaciones sociales.
La CIDH elaboró este informe de nueve capítulos a partir de entrevistas, observaciones de campo, documentación y las respuestas del Estado recopiladas en una visita técnica encabezada por el comisionado guatemalteco Stuardo Ralón y una visita de campo a varias ciudades del Perú a cargo de una misión de la Secretaría Ejecutiva. Sus recomendaciones son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado peruano en virtud del marco normativo del sistema interamericano del que el país hace parte.
El documento muestra un detallado panorama desde los antecedentes históricos del conflicto como la desigualdad y la desconexión entre Lima y las regiones, la crisis institucional que atraviesa el Perú desde el 2016, la discriminación, la estigmatización y el “terruqueo”, hasta una minuciosa recopilación del abuso de las fuerzas del orden hacia los manifestantes y de las acciones violentas de parte de los civiles durante las protestas de los últimos meses. Asimismo, establece conclusiones y recomendaciones en busca de la justicia y la paz social.
Sobre el uso de la fuerza, la CIDH sostuvo que el accionar de las fuerzas del orden no fue uniforme en todos los lugares donde se desarrollaron manifestaciones. Sin embargo, ese accionar estuvo caracterizado por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. “Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta”, agregó.
La CIDH hace hincapié en los hechos ocurridos en Ayacucho y Juliaca. Sobre Ayacucho, dice, “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” que “dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”. En el caso de Juliaca, el informe advierte que “durante una reunión sostenida con autoridades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal indicó que todas las personas fallecidas por estos hechos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, y/o abdomen de las víctimas”.
En esa línea, el documento también precisa que el gobierno de Dina Boluarte no ha entregado pruebas que confirmen su hipótesis de una supuesta infiltración en las protestas de supuestos grupos extremistas con el único fin de desestabilizar al país.
La CIDH insta al Estado a realizar investigaciones céleres, a cargo de fiscales especializados en derechos humanos, con peritajes técnicos y que permita la individualización de los responsables. Le recuerda al gobierno peruano que “les asiste la obligación de iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, efectiva, por graves violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales”.
El informe de la CIDH también deja claro que el exmandatario Pedro Castillo intentó quebrar ilegítimamente el orden constitucional, así como advierte que las figuras de la acusación constitucional, la vacancia por incapacidad moral y la disolución del Congreso generan inestabilidad y necesitan ser reformadas.
Presentación del informe de la CIDH
https://www.youtube.com/watch?v=8xm-feaUS64&list=RDCMUCJOdW-8tYGjzJj2t77rBmXA&start_radio=1
