Los casos de los llamados “mochasueldos” de este Congreso se han conocido por denuncias periodísticas hechas en las últimas semanas, pero en la historia ha sido tradicional la costumbre de algunos congresistas de exigirles un porcentaje de su sueldo a los trabajadores.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investiga a los congresistas Rosío Torres, Magaly Ruiz y María Acuña de Alianza para el Progreso y Katy Ugarte, no agrupada. En el caso de la congresista María Acuña, en las últimas horas la Fiscalía abrió investigación por el delito de concusión por las denuncias de recorte de sueldo a sus trabajadores.
En otra fase del proceso, en investigación preliminar, se encuentra el caso del congresista de Acción Popular José Arriola, en cuya vivienda fueron halladas certificaciones firmadas por sus trabajadores en las que declaraban que las “donaciones” que hacían al congresista eran “totalmente voluntarias”.
Otra parlamentaria denunciada por exigir pago de diezmo a sus empleados es María Cordero Jon Tay, quien llegó al Congreso por el fujimorismo, el partido Fuerza Popular, que este martes tomó la decisión de expulsarla definitivamente de sus filas.
Una denuncia adicional se ha conocido el último fin de semana: algunos congresistas piden que les reintegren el dinero que gastan en combustibles para movilizarse hacia sus regiones en días de descanso, vacaciones o incluso para asistir a fiestas de cumpleaños de ellos mismos o de sus familiares. Los denunciados por estos hechos son tres congresistas, pero ha llamado la atención la respuesta de la parlamentaria Silvana Robles quien en un largo comunicado sostuvo que los congresistas no tienen obligación de reportar las razones por las que se movilizan hacia sus regiones ni dar cuenta de los gastos detallados. “Podría darse el caso -dice Robles- que algún congresista sostenga reuniones de índole personal o familiar durante sus viajes ordinarios, sin que ello tendría por qué generar sentimientos de culpa ni la imputación de responsabilidades sobre presuntas condenables conductas”.
Los gastos sin control por parte del Congreso y este tipo de comportamientos explican la baja aprobación que tiene el congreso entre los ciudadanos. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 90 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión del Congreso y sólo el 7 por ciento la aprueba. Los beneficios que tienen los congresistas, conocidos en Perú con la popular palabra de “gollerías” son los que explican la intención de los congresistas de quedarse hasta el 2026 y negarse a adelantar las elecciones como pide la mayoría de los ciudadanos.
