La Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú dispuso el archivo de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y algunos exministros de su gestión por la muerte de 67 peruanos y casi dos mil heridos, en el contexto de las movilizaciones sociales en contra de su gobierno, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
Las razones de la Comisión Permanente para archivar esta denuncia se sustentan en un informe de calificación, elaborado el pasado 5 de mayo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde se recomendó “declarar improcedente” la denuncia contra Boluarte debido a que lo ocurrido entre el 7 de diciembre de 2022 y febrero de 2023 continúan en investigación por el Ministerio Público, y por lo tanto aún no se define la posible responsabilidad de algún funcionario.
El mencionado informe también consideró que hubo actos violentos contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y en perjuicio de la propiedad estatal durante las protestas; y que las actuaciones de las fuerzas del orden deben ser juzgadas en el Fuero Militar Policial.
La denuncia constitucional alcanzaba al exministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, su antecesor, Pedro Angulo, y al exministro del Interior, César Cervantes.
El archivamiento de esta denuncia se dio un día después de que la mandataria Dina Boluarte fuera interrogada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, —pero se negara a responder a la Procuraduría y a los abogados de los deudos de las víctimas— en el marco de la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
