El Congreso del Perú consiguió 71 votos a favor de aprobar la inhabilitación de la función pública por cinco años a la fiscal suprema y exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por presuntamente haber cometido una infracción constitucional al suspender las investigaciones en contra Pedro Castillo cuando éste aún era presidente. Ávalos ha anunciado que evalúa acudir a los organismo internacionales para apelar la sanción.
Ávalos también ha sido acusada constitucionalmente por el Congreso por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y demora en los actos funcionales en las investigaciones que se le siguen al exmandatario Castillo. Al igual que en la votación para inhabilitarla, 71 parlamentarios apoyaron la medida.
Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre —salvo dos votos disidentes en las dos últimas bancadas mencionadas— marcaron en bloque a favor de la sanción a la ahora ex fiscal suprema Zoraida Ávalos. Solo los grupos parlamentarios de Cambio Democrático, Perú Democrático y algunos no agrupados no apoyaron la inhabilitación.
La denuncia contra Ávalos fue promovida por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien argumentó que la exfiscal de la Nación habría protegido al expresidente Pedro Castillo al no investigarlo como correspondía. La denuncia llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ésta recomendó acusarla e inhabilitarla.
En su defensa ante el Congreso, Ávalos aseveró que esta medida vulnera la autonomía del Ministerio Público y la separación de poderes. Insistió en que antes de ella ningún fiscal de la Nación había abierto investigaciones por corrupción a presidentes en funciones, pese a que la Constitución peruana no lo permite. “Cambié la posición jurídica de la Fiscalía de la Nación abriendo una investigación al expresidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing; y dos investigaciones contra Pedro Castillo: una por los ascensos irregulares en la Fuerzas Armadas y Policiales y otra por el caso Puente Tarata”, señaló.
Antes de las votaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la figura de la acusación constitucional, en el marco del caso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. “La CIDH expresa su preocupación por acusaciones constitucionales contra personas operadoras de justicia en el Perú. Hace un llamado a que se garantice el derecho de defensa y el debido proceso para que no se debilite la independencia judicial”. La CIDH se refirió no solo a Ávalos sino también a las acusaciones constitucionales contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Zoraida Ávalos considera que con su inhabilitación se ha perpetrado un atentado contra la democracia y anuncia que evalúa acudir a organismos internacionales.
