“Garantizaremos la libre circulación por Fiestas Patrias de toda la ciudadanía”, señaló el primer ministro Alberto Otárola.
Hace unos días, la Policía Nacional informó que tiene previsto registrar en audio y video a los ciudadanos que lleguen a Lima para participar en las nuevas protestas contra el Gobierno. La implementación de esta estrategia se llevaría a cabo en coordinación con el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas.
“Primero es la seguridad de los ciudadanos que quieren protestar pacíficamente. Tienen que colaborar con las fuerzas del orden para identificar quiénes no están dentro de estas voluntades pacíficas de expresarse”, dijo el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, el general Óscar Arriola.
La abogada penalista Romy Chang, en diálogo con Epicentro TV, calificó este pronunciamiento como “poco inteligente”. Consideró que la estrategia policial, aunque pretenda darle tranquilidad a la población, podría generar un efecto contrario y provocar la violencia.
“Ya existe la Ley de Identificación Policial, que le permite a la Policía detener a cualquier persona para identificarse (…) sin necesidad de motivar o incentivar indebidamente a la población. ¿Cómo harían para controlar [la marcha] si las personas pueden unirse en cualquier punto? No es una acción viable”, apuntó Chang.
