El Gobierno nacional ha tomado una firme postura en la lucha contra la violencia de género al sancionar una ley que elimina los beneficios penales para los condenados por el delito de feminicidio. Con esta medida, los perpetradores ya no podrán acceder a privilegios como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la ejecución de la pena, incluso si han cumplido parte de su condena. Es así como los agresores han sido condenados por feminicidio sin ningún beneficio penal, la ley elimina privilegios para perpetradores.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la promulgación de la Ley 2356 de 2024, la cual establece que los condenados por feminicidio no tendrán derecho a ninguna reducción de pena ni a beneficios como salidas temporales después de cumplir las dos terceras partes de la pena, o prisión domiciliaria tras haber cumplido la mitad de la condena.
Según Osuna, esta medida busca asegurar que el cumplimiento de la pena se realice en su totalidad en prisión, sin excepciones contempladas en la legislación anterior. Además, se anunció la creación de una especialidad en la Administración de Justicia para atender específicamente los casos de violencia de género.
La política de cero tolerancia hacia la violencia de género también se extiende a aquellas personas que se encuentran en etapa de imputación y detención preventiva, incluyéndolas en la prohibición de acceder a beneficios penales.
Estas acciones llegan en un momento crucial, pues datos proporcionados por la Procuraduría General de la Nación muestran que, entre enero y mayo de este año, se han registrado 90 feminicidios en el país, con 61 de ellos presuntamente cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.
La urgencia de la medida se evidenció recientemente en Bogotá, donde dos casos de feminicidios en lugares públicos sacudieron a la ciudad. Stefanny Barranco fue asesinada en un centro comercial, seguida por Natalia Vásquez Amaya, víctima de su expareja en Suba.
Para abordar estas emergencias y brindar apoyo a las víctimas de violencia de género, Colombia cuenta con la línea 155, un servicio telefónico gratuito disponible las 24 horas del día, donde personal especializado ofrece orientación y puede dirigir posibles denuncias ante la Policía Nacional. Además, la Alcaldía de Bogotá ha habilitado la Línea Púrpura para proporcionar ayuda y atención a quienes lo necesiten.