En una acción significativa para abordar el problema del reclutamiento de mercenarios colombianos, el canciller Luis Gilberto Murillo ha presentado hoy un proyecto de ley en la Secretaría del Senado. Este proyecto tiene como objetivo establecer restricciones y controles más estrictos sobre la participación de connacionales en conflictos internacionales.
El proyecto de ley se basa en la “Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios”, un tratado que busca prohibir que ciudadanos colombianos con entrenamiento militar se involucren en conflictos armados fuera del país. Según el texto, esta actividad se convertirá en un delito bajo la legislación colombiana.
El canciller Murillo destacó la importancia de enfrentar a las organizaciones que instrumentalizan a los militares retirados de Colombia para fines bélicos en otros países. El proyecto propone que Colombia, como Estado Parte, se comprometa a no reclutar, utilizar, financiar ni entrenar mercenarios. Además, la aprobación de esta convención exigirá que la legislación interna de los Estados Parte contemple la criminalización de la figura del mercenario, permitiendo su procesamiento y extradición si es necesario.
decenas de colombianos han fallecido en guerras internacionales trabajando como mercenarios
Entre los objetivos del proyecto se incluyen la creación de delitos específicos para las acciones cometidas por mercenarios, así como la implementación de medidas públicas para combatir estas actividades. El canciller argumenta que este enfoque no solo protegerá el orden público y constitucional en Colombia, sino que también contribuirá a la lucha contra delitos de lesa humanidad, como genocidio y crímenes de guerra, que están prohibidos y son imprescriptibles según la ley colombiana.
El proyecto de ley ahora enfrentará un proceso legislativo riguroso, que incluye cuatro debates en el Congreso: dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes. La Cancillería espera que esta iniciativa reciba el apoyo necesario para convertirse en ley y, de esta manera, fortalecer el compromiso de Colombia con la seguridad global y los derechos humanos.
Este avance representa un paso importante en la política exterior y la legislación nacional, subrayando el compromiso del gobierno colombiano con la legalidad y la ética en la participación internacional de sus ciudadanos.