Es la segunda vez que, en menos de tres meses, la jefa del Estado peruano es denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante la represión a las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023, que provocó la muerte de 49 peruanos por los disparos con arma de fuego realizados por policías y militares. De esta forma se da, otra denuncia contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional.
Fueron dieciséis ciudadanos peruanos los que suscribieron esta solicitud, entre ellos exministros, como Marisol Pérez Tello, Mirtha Vásquez, Diego García Sayán y Walter Albán. Por su parte, Harold Forsyth, exembajador permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y uno de los firmantes, sostuvo que esta demanda no tiene el objetivo de seguir fraccionado más a los peruanos que ya están “bastante divididos”, sino que “es un derecho” que “busca justicia” dado que el Perú es Estado parte.
“No es algo para dividir peruanos al contrario es para saldar una herida tremenda en el tejido nacional, eso no puede dudarlo absolutamente nadie”, recalcó el exembajador.
Asimismo, señaló que los firmantes y muchos peruanos esperan que este caso llegue hasta “las últimas consecuencias, más allá de las inclemencias del tiempo político”.
Contrapuntos
Se debe tener en cuenta que existe una serie de requisitos para que el fiscal de la CPI acepte o no esta denuncia. Uno de ellos es que se deberá probar, al igual que en la primera demanda, que los tribunales nacionales están indispuestos o ya agotaron la fase interna. No obstante, las investigaciones por las muertes siguen en curso.
El exembajador precisó que el Estatuto de Roma incluye una “salvedad explícita” que permite acudir a una Corte internacional si en el país en que se cometieron los hechos no se garantizan las condiciones para un proceso justo y conforme a la ley, que es la situación en la que nos encontraríamos.
