El Congreso también promulgó una ley que beneficia a organizaciones criminales. Ambas cuestionadas normas no fueron observadas por la jefa de Estado, Dina Boluarte. De esa forma, Perú desacata orden de la Corte IDH y promulga ley que prescribe delitos de lesa humanidad.
Tras no haber sido observadas por el Ejecutivo, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, ordenó promulgar las leyes sobre crimen organizado y la prescripción de lesa humanidad. Esta última desacata abiertamente una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Ley 32107, también conocida como la “Ley de Amnistía”, permitirá que se archiven los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 1 de julio de 2002, lo que supondrá que condenas queden anuladas, juicios paralizados y al menos 600 casos de violación a los derechos humanos impunes. Entre ellos, los de Barrios Altos y La Cantuta, con sentencia en la Corte IDH.
La norma, que ya está publicada en el diario oficial El Peruano, señala que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002, mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, el 9 de noviembre de 2003.
Asimismo, el premier Gustavo Adrianzén señaló que “tras un debate muy intenso” el Ejecutivo decidió no observar la ley, dado que “no es cierto que promueva la impunidad”.
Tras la promulgación de la norma, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos emitió un contundente pronunciamiento lamentando este hecho y mencionando que la ley contraviene los compromisos de Perú con el derecho internacional.
“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. Las personas responsables de crímenes atroces deben rendir cuentas, de acuerdo con el derecho internacional”, señala la misiva.
Comunicado ONU: https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2024/08/un-human-rights-chief-volker-turk-regrets-statute-limitations-war
Por otro lado, la ley de crimen organizado modifica la definición de organización criminal y la redefine con una serie de características que beneficiarían a estas bandas delictivas. Asimismo, entre los cambios más polémicos está la obligación de realizar allanamientos judiciales sólo con la presencia del investigado y su abogado.