
Una operación conjunta de las autoridades colombianas logró desarticular una peligrosa banda criminal dedicada a la trata de personas y al tráfico de migrantes en varios países de Suramérica y Estados Unidos. La captura de nueve miembros de la organización se produjo en las ciudades de Ipiales, Nariño, y en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, durante una serie de allanamientos que también permitieron incautar armas, dinero y otros objetos de valor.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, la banda operaba engañando a mujeres en Bogotá con falsas ofertas laborales, prometiéndoles trabajos de meseras en países como Perú, Chile y Ecuador, con un salario de aproximadamente 27 dólares diarios. Las víctimas, atraídas por estas promesas, recibían pasajes y viáticos que, una vez en destino, debían pagar en cuotas a la red criminal.
Sin embargo, al llegar a la ciudad peruana de Constitución, en una zona selvática y de difícil acceso, las mujeres eran recibidas en prostíbulos donde eran obligadas a ejercer la prostitución sin recibir remuneración alguna. La banda les imponía una deuda inicial de 5.000 dólares, cantidad que aumentaba a medida que las víctimas eran multadas por la red, con la amenaza constante de violencia y represión para que no pudieran regresar a sus hogares.
en 2024 se reportaron más de 200 denuncias por trata de personas en Colombia
La investigación también reveló que la banda no solo se dedicaba a la explotación sexual de mujeres, sino que además coordinaba el tráfico de migrantes. Desde Ipiales, los delincuentes organizaban el transporte de personas de nacionalidades como cubana, china, haitiana y venezolana, quienes eran enviadas en buses de turismo hacia Necoclí, Antioquia, para luego ser trasladadas a Estados Unidos.

En los operativos de captura, las autoridades lograron incautar un revólver calibre 38, varios cartuchos de diferentes calibres, una pistola traumática, un DVR, nueve teléfonos celulares, un libro de anotaciones de un hotel, más de 94 millones de pesos colombianos y 499 dólares, los cuales se utilizarían como evidencia en el proceso judicial.
Los nueve miembros de la organización fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, y la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de trata de personas transnacional, tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Cuatro de los capturados fueron enviados a prisión, mientras que los otros cinco quedaron bajo medida de detención domiciliaria.
Este golpe a la trata de personas pone de manifiesto la grave realidad que enfrentan muchas mujeres y migrantes, quienes son engañados y explotados en condiciones inhumanas. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para estar alerta ante ofertas laborales sospechosas y a denunciar cualquier actividad ilícita relacionada con la trata de personas.