Un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas ha revelado que un banco canadiense, el TD Bank, habría jugado un papel crucial en el movimiento de rentas criminales provenientes de actividades ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. De acuerdo con el documento, que responde a una serie de preguntas planteadas por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el banco habría facilitado el lavado de activos y el financiamiento de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC, a través de un flujo millonario de dinero ilegal.
El Caso del TD Bank: Cajeros en Cúcuta y Millones de Dólares en Movimientos Sospechosos
Según el informe de inteligencia, entre enero de 2018 y abril de 2024, el TD Bank operó al menos dos cajeros automáticos en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, una de las zonas más afectadas por la actividad criminal en la región fronteriza. A través de estos cajeros, se habrían realizado más de 676,000 retiros que sumaron un total aproximado de 670 millones de dólares, lo que equivale a más de 2 billones de pesos colombianos.
El informe revela que el banco canadiense omitió señales de alerta ante el alto volumen de transacciones, lo que facilitó el flujo de estos recursos provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando. Como consecuencia, el TD Bank fue multado por la justicia estadounidense con una sanción de 3,000 millones de dólares.
Fuentes de ingresos ilegales para los grupos armados
Las investigaciones apuntan a que este dinero ilegal se originó en diversas actividades criminales que afectan tanto a Colombia como a Venezuela. Los grupos armados que operan en la zona de Norte de Santander se financian principalmente a través de extorsiones a empresarios del sector agroindustrial, como palmicultores, ganaderos, comerciantes y miembros del sector petrolero. Además, el contrabando de mercancías a través de los pasos fronterizos entre ambos países, incluidos productos como alimentos, textiles, licores y electrodomésticos, constituye otra fuente importante de ingresos ilegales para estos grupos.
Los informes también mencionan que, en áreas cercanas a la frontera, la minería ilegal de carbón y la explotación aurífera en el arco minero de la Orinoquía, en Venezuela, son actividades que generaron importantes ingresos para las organizaciones criminales, principalmente el ELN y las disidencias de las FARC. Estas actividades ilícitas, a menudo acompañadas de violencia y control territorial, contribuyen al financiamiento de sus operaciones y expansión.
El contrabando en la frontera ha sido históricamente un mecanismo de financiamiento para los grupos armados. La falta de control efectivo en los pasos fronterizos, muchos de los cuales son utilizados para el tráfico de drogas e insumos para el procesamiento de estupefacientes, ha permitido que estos grupos criminales sigan lucrándose de manera impune. Además, la escasa regulación y el alto flujo comercial en Cúcuta han propiciado que los recursos ilícitos circulen fácilmente, contribuyendo al lavado de activos y al fortalecimiento financiero de estas organizaciones.
Lavado de activos y la infiltración en sectores legales
El documento también señala que estos recursos obtenidos de actividades ilegales están siendo infiltrados en sectores económicos legítimos como el inmobiliario, el industrial, el mercantil e incluso el financiero. La falta de control sobre las inversiones en estos sectores, sumada a la informalidad y escasez de medidas regulatorias en zonas como Cúcuta, ha facilitado que el dinero sucio sea blanqueado, permitiendo su circulación en la economía formal.
Este lavado de activos no solo contribuye al financiamiento de grupos ilegales, sino que también debilita las instituciones del Estado, al mismo tiempo que incrementa la violencia y el control de estas organizaciones en las regiones donde operan.
Llamado a una Investigación Exhaustiva
El escándalo ha generado alarma tanto en Colombia como en la comunidad internacional, dado el papel que juega un banco canadiense en la facilitación de estas actividades ilícitas. Las autoridades colombianas han solicitado una investigación profunda para identificar a todos los responsables, incluidos los actores dentro del banco que pudieron haber omitido o permitido estos movimientos ilegales de dinero.
El ministro Iván Velásquez, quien solicitó el informe, ha enfatizado la necesidad de mejorar los mecanismos de control sobre el lavado de activos y el financiamiento de grupos armados, especialmente en regiones fronterizas donde las actividades criminales suelen operar con mayor impunidad. Además, se espera que este caso impulse una mayor cooperación internacional para frenar el lavado de activos y los flujos de dinero ilícito que alimentan la violencia en Colombia y Venezuela.
El TD Bank, en respuesta a las investigaciones, ha asegurado que está cooperando con las autoridades estadounidenses y colombianas, mientras que se enfrenta a las consecuencias legales por su implicación en este escándalo. Las investigaciones continúan y las autoridades colombianas han reiterado su compromiso de desmantelar las redes de lavado de dinero y financiar el fortalecimiento de la seguridad en la región fronteriza para evitar que más recursos criminales sigan infiltrando la economía legal.
Este caso no solo pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero internacional ante el lavado de activos, sino también la creciente preocupación por la interacción de los grupos armados con instituciones financieras, lo que plantea serios desafíos para las políticas de seguridad y desarrollo en la región fronteriza.
Author: Oscar Fagua
Corresponsal en Colombia
