La situación de orden público en el Chocó sigue siendo crítica, afectando gravemente a las comunidades que habitan la región. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, dos de los grupos armados ilegales más poderosos del país, mantienen a cientos de familias confinadas, mientras ambos actores se disputan el control territorial.
Los habitantes del Chocó se encuentran atrapados en una espiral de violencia que limita su libertad de movimiento. La violencia ha provocado una drástica reducción en la circulación por el río San Juan, una de las principales vías de comunicación de la región. Los pobladores aseguran que la información sobre la presencia de grupos armados les llega principalmente a través de audios, lo que obliga a suspender la venta de tiquetes para prevenir situaciones de riesgo en los transportes.
“No podemos vender los tiquetes. Algunos profesores no pueden entrar a sus lugares donde trabajan“, explicó uno de los habitantes afectados, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
La crisis también ha generado una grave escasez de alimentos en al menos 9.209 comunidades que permanecen confinadas. La falta de suministros básicos agudiza aún más la situación de vulnerabilidad de las poblaciones.
Gobierno reforzará la seguridad en la región
Ante esta difícil situación, el Gobierno Nacional ha decidido intervenir enviando refuerzos militares al Chocó. En las últimas horas, se anunció que 340 nuevos soldados se desplegarán en la región para hacer frente a la amenaza de los grupos armados ilegales. Este refuerzo tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de las comunidades y prevenir ataques terroristas.
Según las autoridades, las tropas adicionales estarán encargadas de mantener puestos de control en los accesos terrestres y fluviales, además de realizar patrullas aéreas para proteger a la población civil. Este refuerzo se realiza bajo la directriz del Gobierno Nacional de proteger a la población del San Juan, que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad debido a los enfrentamientos y las amenazas de los grupos armados.
Por otro lado, se están llevando a cabo consejos de seguridad donde participan autoridades locales, líderes sociales y representantes del Gobierno, con el fin de monitorear la situación y definir estrategias para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
La crisis en el Chocó continúa siendo un desafío para el Gobierno, que busca hacer frente a la violencia sin dejar de lado las necesidades humanitarias que afectan a las familias más vulnerables.