Un informe enviado por las Fuerzas Militares a la Corte Constitucional revela un alarmante recorte en los presupuestos asignados a las tres Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para el año 2024. Según el documento de 6.348 páginas, que fue anexado al decreto de conmoción interior presentado ante la Corte, la reducción de los recursos alcanza hasta un 47% en algunos casos, lo que pone en riesgo las capacidades operativas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional.
Desfinanciación de las Fuerzas Armadas
El Ejército Nacional experimentó la mayor disminución, con una reducción de casi la mitad de su presupuesto. El rubro destinado para el 2024 se redujo de 735.000 millones de pesos a 385.000 millones de pesos, lo que representa una disminución del 47%. Esta reducción limita la capacidad de respuesta ante la creciente violencia en diversas regiones del país.
La Policía Nacional también sufrió un recorte significativo. Su presupuesto bajó en un 35%, pasando de 304.000 millones de pesos a 195.000 millones. Este recorte se suma a la dificultad de mantener la seguridad y el orden público en un país afectado por el narcotráfico y la violencia de grupos armados ilegales.
Por su parte, la Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió una reducción del 30%, pasando de 793.000 millones de pesos a 554.000 millones. En tanto, la Armada Nacional pasó de 662.000 millones de pesos a 490.000 millones, lo que implica una baja del 25%.
El general Hugo López, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares, firmó el radicado que detalló los recortes, alertando sobre las consecuencias para la seguridad nacional. Según López, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bloqueó apropiaciones por un total de 279.985 millones de pesos, lo que limita severamente la capacidad de las Fuerzas Militares para llevar a cabo operaciones fundamentales en el país.
Las consecuencias de esta desfinanciación se reflejan en la capacidad operativa de las Fuerzas Militares para enfrentar amenazas, especialmente en regiones críticas. El informe señala que en zonas como el Catatumbo, un área históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales, el control efectivo sería casi imposible. Las limitaciones en equipos de inteligencia, sistemas de monitoreo y capacidades logísticas dificultan una respuesta adecuada frente a las dinámicas de violencia que generan estos grupos armados.
De igual manera, el documento destaca que regiones como el Pacífico y Arauca requieren atención urgente del Estado, pero los recursos disponibles no serán suficientes para brindar la seguridad necesaria en estas áreas.
Fuerza Aeroespacial: limitaciones en misiones clave
La Fuerza Aeroespacial Colombiana especificó que, debido al recorte presupuestal, solo podrá operar 31.194 horas de vuelo durante 2024. Esto implica que, a partir de junio de este año, se verán afectadas misiones esenciales como la defensa y soberanía nacional, la extinción de incendios, la atención a desastres naturales, las labores de inteligencia y las misiones de entrenamiento.
El impacto en las misiones de defensa nacional es especialmente preocupante, ya que limita la capacidad de las Fuerzas Militares para reaccionar de manera oportuna ante amenazas a la soberanía del país. La falta de recursos también podría poner en riesgo la capacidad de Colombia para responder a situaciones de emergencia, como desastres naturales o incidentes de seguridad interna.
El informe de las Fuerzas Militares subraya que la falta de recursos podría afectar directamente la seguridad de los colombianos y la capacidad del Estado para mantener el control en regiones vulnerables. En este contexto, se hace un llamado urgente al gobierno y al Congreso para revisar las prioridades presupuestarias, de manera que se garantice la financiación adecuada para las operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
En un país como Colombia, donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, los recortes en el presupuesto de las Fuerzas Armadas podrían tener consecuencias graves en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia de grupos armados ilegales. Las autoridades deben considerar que, sin un respaldo económico suficiente, la defensa de la soberanía nacional y el mantenimiento del orden interno podrían verse gravemente comprometidos.