Colombia ha registrado un nuevo récord en el cultivo de coca, alcanzando las 253.000 hectáreas en 2023, según los últimos datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Este aumento en los cultivos ilícitos se acompaña de un notable incremento en la producción de cocaína, que creció un 53 % entre 2022 y 2023, alcanzando las 2.664 toneladas.
Este crecimiento de los cultivos de coca en Colombia no es un fenómeno aislado. En el contexto más amplio de América del Sur, el narcotráfico sigue teniendo un impacto devastador sobre el medio ambiente, las comunidades indígenas y la seguridad en la región. De acuerdo con un informe de la JIFE publicado este martes, los cultivos de coca están vinculados estrechamente a la deforestación en varias zonas del Amazonas, con especial énfasis en las áreas fronterizas, donde las mafias buscan acceso a rutas de transporte para la droga.
los cultivos de coca se ubican en 230 mil hectáreas en Colombia
En particular, el estudio de 2024 resalta que entre el 20 % y el 30 % de la deforestación en algunas zonas de la región amazónica se puede atribuir directamente a la expansión de cultivos de coca. Estos cultivos no solo destruyen bosques vitales para la absorción de carbono, sino que también empujan a las poblaciones indígenas a vivir bajo una creciente amenaza de violencia, desplazamiento y explotación. Las zonas fronterizas, donde las economías ilícitas están más arraigadas, se convierten en epicentros de conflicto, tráfico de drogas, armas y trata de personas.
Un caso alarmante se presenta en el departamento colombiano de Quindío, donde se han detectado indicios de violencia extrema vinculada al narcotráfico. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido alertas tempranas por homicidios, matanzas, violencia de género y reclutamiento forzado de menores, fenómenos que se suman a la grave situación de inseguridad en la región amazónica.
En Perú, aunque la superficie total de cultivos de coca disminuyó entre 2022 y 2023, esta actividad ilícita se ha expandido hacia territorios indígenas como la Reserva Kakataibo Norte y Sur, poniendo en riesgo los derechos y la supervivencia de estas comunidades. Según la JIFE, el 71 % de los cultivos ilícitos en Perú se encuentran en áreas naturales protegidas, lo que pone en peligro la biodiversidad de la región.
El informe también revela que el narcotráfico está teniendo efectos negativos en Brasil, especialmente en las comunidades indígenas de la región amazónica, donde la deforestación y la construcción de pistas de aterrizaje ilegales están afectando gravemente los ecosistemas. Además, el consumo de cocaína ha comenzado a generar una preocupante contaminación ambiental, como se evidenció el año pasado, cuando un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz detectó residuos de cocaína en tiburones en la costa de Río de Janeiro.
La JIFE subraya que la relación entre el narcotráfico, la deforestación y la violencia no solo está afectando el medio ambiente, sino que también pone en peligro los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Los grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las FARC, están involucrados en la extracción de recursos naturales y en el tráfico de drogas, exacerbando aún más el sufrimiento de las comunidades locales.
En resumen, el informe de la JIFE de 2024 deja en claro que el narcotráfico sigue siendo un factor principal en la devastación ambiental y la violencia en América del Sur, y que es urgente tomar medidas tanto a nivel local como internacional para frenar la expansión de los cultivos ilícitos, proteger a las comunidades afectadas y restaurar los ecosistemas dañados.
Author: Oscar Fagua
Corresponsal en Colombia
