La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó por unanimidad que el Estado peruano es responsable de discriminación por orientación sexual y violación a los derechos a la libertad personal, vida privada, libertad de expresión y protección judicial en perjuicio de Crissthian Olivera Fuentes, luego de que su denuncia por haber sido retirado de un supermercado por mostrar afecto en público con su pareja del mismo sexo fuera desestimada en el Perú.
El 11 de agosto de 2004 Olivera Fuentes y su pareja fueron “amonestados” por el personal de una cafetería ubicada en un supermercado en Lima “por desplegar públicamente conductas de afecto”. Casi dos meses después, Olivera presentó una denuncia por discriminación ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), pero el 11 de abril de 2011 recibió la última decisión desfavorable.
Tras la sentencia de la Corte IDH, el Estado peruano deberá indemnizar a Crissthian Olivera Fuentes por daño inmaterial y por costas y gastos; así como deberá brindarle gratuitamente, y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, tratamiento psicológico y/o psiquiátrico.
El Estado peruano también deberá publicar, en el plazo de seis meses, el resumen oficial de la sentencia de la Corte IDH en el Diario Oficial El Peruano “en un tamaño de letra legible y adecuado”.
Otras obligaciones que dicta la sentencia son: implementar campañas informativas sobre los derechos de las personas LGBTIQ+; elaborar un plan pedagógico integral sobre diversidad sexual, de género y derechos LGBTIQ+ en el ámbito de consumo para autoridades administrativas y judiciales; elaborar una política pública para fiscalizar a empresas sobre estándares de igualdad y no discriminación. Finalmente, deberá rendir un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia en un plazo máximo de un año.
Por su lado, la Defensoría del Pueblo del Perú señaló que “esta importante sentencia eleva los estándares internacionales en la protección de población LGBTIQ+”. Señaló, además, que hará seguimiento al cumplimiento de los mandatos establecidos en la sentencia de la Corte IDH, “como apoyo psicológico, campañas informativas e implementación de la política pública de igualdad y no discriminación en empresas”.
