Congreso peruano aprobó proyecto de ley que propone la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el país antes del 2002, lo que beneficiaría a militares y policías sentenciados y procesados por delitos de lesa humanidad, así como al expresidente Alberto Fujimori. Ante esto, la Corte IDH solicita información a Perú sobre “ley de amnistía”.
El Pleno del Congreso aprobó en primera votación – con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones – el proyecto de ley presentado por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular) que elimina la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales durante el conflicto armado interno contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA.
“Esto afectará gravemente el derecho al acceso a la justicia, de la verdad y la debida sanción a los responsables por crímenes que se cometieron durante la violencia política que vivió el país en la década de los 80 y 90”, declaró David Velazco, abogado de los familiares de las víctimas del caso Barrios Altos.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentaron una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
El objetivo de la solicitud de los familiares de las víctimas es que se ordene suspender el trámite de la ley que abre la puerta a la impunidad para graves violaciones a los Derechos Humanos.
En respuesta, la Corte IDH le ha solicitado a la CIDH y al Estado peruano presentar sus observaciones hasta el 12 de junio de 2024. En diciembre de 2023, la Corte Interamericana determinó que el Estado de Perú incurrió en un “grave desacato” con la decisión del Tribunal Constitucional que dispuso la inmediata libertad de Alberto Fujimori Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad.
