El caos desatado durante la final de la Copa América entre Colombia y Argentina el pasado 14 de julio en el estadio Hard Rock de Miami ha dejado serias repercusiones legales para miles de asistentes que ingresaron ilegalmente al escenario. Según reportes oficiales, cerca de 8,000 personas burlaron los controles de seguridad, 7,000 de ellas ya identificadas gracias a cámaras biométricas instaladas en el lugar.
La mayoría de los infiltrados no viajaron directamente desde Colombia, sino que residen en distintas ciudades de Estados Unidos y algunos llegaron incluso desde Canadá, donde poseen residencia legal. Este factor complica su situación ante la ley estadounidense.
Las autoridades han advertido que las consecuencias para los identificados podrían ser severas. Entre las posibles penalidades se incluyen cargos criminales que podrían llevar a multas significativas o incluso tiempo de cárcel. Para aquellos con visas de residencia en Estados Unidos o Canadá, existe el riesgo real de que estas sean revocadas, lo que implicaría la pérdida del derecho a permanecer en dichos países.
también están involucrados un gran número de ciudadanos argentinos
En casos más graves, los implicados podrían enfrentar la pérdida de su residencia permanente y ser deportados. Esta medida se enmarca en una política rigurosa contra acciones que se consideran amenazas a la seguridad nacional, y en algunos casos, incluso terroristas.
Los videos viralizados en redes sociales muestran a hinchas colombianos causando daños en el estadio, incluyendo el vandalismo de escaleras eléctricas, saltos a las rejas, y desorden generalizado durante el evento. Estas imágenes han servido como evidencia crucial para la identificación de los responsables.
Las autoridades continúan evaluando la evidencia recabada para determinar las acciones legales específicas que tomarán contra los implicados. Este incidente ha puesto de relieve la importancia de mantener el orden y la seguridad en eventos deportivos de gran envergadura como la Copa América.

