La justicia colombiana emitió una sentencia ejemplar contra cinco miembros de la organización criminal ‘Satanás’, también conocida como ‘Los Luisitos’. Los condenados enfrentan penas severas por sus crímenes extremadamente violentos, que incluyeron tortura y abandono de cuerpos en plena vía pública.
La organización, cuyo historial de violencia ha aterrorizado a la capital colombiana, es señalada de actos de tortura y mutilación que han dejado conmocionados a los ciudadanos. Los cinco condenados fueron hallados culpables de tortura y homicidio agravado, relacionados con una serie de asesinatos cometidos el 25 de agosto de 2022.
Luis Fernando Mallarino Villarte, alias ‘Luisito’: líder principal del grupo, condenado a 47 años y 5 meses de prisión, fue identificado como el cerebro detrás de varios de los crímenes más atroces del grupo. El resto de los integrantes han sido condenado a 45 años y 8 meses de cárcel.
los líderes de esta estructura organizada dan ordenes desde las cárceles colombiana
La investigación reveló la brutalidad extrema de las acciones del grupo. Las víctimas fueron secuestradas y llevadas a un inmueble en la localidad de Kennedy, donde sufrieron torturas inimaginables. Los miembros del grupo utilizaron cuchillos, serruchos y otros instrumentos cortantes para ocasionarles heridas graves a la víctimas que tenían edades entre 24 y 59 años, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Después de las torturas, los cuerpos fueron envueltos en bolsas plásticas negras y transportados en una carreta hasta el sector de El Amparo, donde fueron abandonados en plena vía pública. El informe forense calificó estos asesinatos como “extremadamente severos y deliberados”, reflejando la crueldad y la premeditación de los actos cometidos.
El fallo judicial no solo impuso largas penas de prisión, sino que también incluye sanciones económicas significativas. Los condenados deberán pagar un total de 8.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes en concepto de multas. Además, se les ha prohibido ejercer funciones y derechos públicos durante 20 años, como parte de una inhabilidad impuesta para garantizar que no vuelvan a participar en actividades delictivas.
Este veredicto envía un mensaje claro a las organizaciones criminales en Colombia: la justicia está comprometida en erradicar la violencia y garantizar que quienes cometen actos delictivos de tal magnitud enfrenten las condenas más severas.