Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) permitió desmantelar una red criminal que operaba en un matadero ilegal ubicado en la vereda Sasa, en Chiquinquirá, Boyacá. En la operación fueron capturadas ocho personas, quienes son señaladas de sacrificar animales enfermos y en mal estado, y distribuir su carne a varios sectores, incluidos el Plan de Alimentación Escolar (PAE), cárceles, comercios y plazas de mercado de Boyacá y Cundinamarca.
El matadero clandestino, en el que se sacrificaban reses, caballos y asnos, operaba sin cumplir con ninguna normativa sanitaria y en condiciones de higiene precarias. Según las investigaciones, los miembros de la red adquirían animales enfermos o de dudosa procedencia, sacrificándolos sin los controles necesarios para garantizar la seguridad alimentaria. Posteriormente, la carne era procesada sin cumplir con las exigentes condiciones de conservación y transporte, siendo distribuida a diversas instituciones públicas y mercados locales.
según expertos la ingesta de estas carnes puede ocasionar graves riesgos en la salud de los consumidores
La Fiscalía reveló que los responsables operaban desde bodegas ilegales en Cota, Cundinamarca y Bogotá, donde la carne era empacada y trasladada para su distribución. Además, los investigadores identificaron un grave daño ambiental generado por la actividad ilegal, incluyendo la contaminación de fuentes hídricas y suelos debido a los desechos del matadero.
Las personas capturadas en esta operación incluyen a los administradores de las bodegas ilegales Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, quienes enfrentan cargos de concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, entre otros. Estos individuos fueron privados de su libertad en un centro carcelario, mientras que otros, como John Anderson Pineda Ortegón, Gildardo Antonio Isaza Herrera, Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, fueron beneficiados con detención domiciliaria.
El Invima constató que la carne distribuida no era apta para el consumo humano, lo que representa un grave riesgo sanitario para la población, particularmente para los niños y adultos privados de libertad que recibían estos productos. La operación sigue en curso, y la Fiscalía continúa recabando pruebas para identificar a más involucrados en este esquema delictivo, que pone en riesgo la salud pública y el bienestar animal.
Este caso destaca la importancia de reforzar el control sobre la cadena de producción y distribución de alimentos, especialmente en sectores sensibles como el PAE y los centros penitenciarios, y la urgencia de erradicar estas prácticas ilegales que afectan tanto la salud pública como el medio ambiente.
Author: Oscar Fagua
Corresponsal en Colombia
