La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH) ha recibido un total de 186 denuncias sobre homicidios de líderes sociales en Colombia hasta noviembre de 2024. De estas denuncias, 80 casos ya han sido verificados por la entidad, mientras que 11 se encuentran en proceso de verificación y 95 no han sido concluyentes.
La ONU considera verificados aquellos homicidios en los que se cumple con dos criterios fundamentales: la víctima debía ser un defensor o defensora de los derechos humanos, según la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, y el homicidio debe estar relacionado con su actividad de defensa.
El informe revela que la mayor parte de los líderes sociales asesinados pertenecían a juntas de acción comunal, representando un 24% de los casos verificados. Entre los departamentos más afectados, el Cauca se destaca con 17 de los 80 homicidios verificados.
En el departamento de Arauca se han presentado 15 casos y el Valle del Cauca 11 líderes fueron asesinados
“Desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2024, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha conocido 186 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas, 80 casos han sido verificados, 11 están en proceso de verificación y 95 aún no se han concluido”, señaló el informe oficial de la organización.
La violencia contra los líderes sociales continúa siendo una preocupación central en Colombia, ya que estos defensores juegan un papel crucial en la protección de los derechos humanos y la promoción de la paz en las regiones más vulnerables del país. La ONU DDHH ha expresado su preocupación por la falta de garantías para la protección de estos líderes, a quienes, en muchos casos, se les vincula con actividades de defensa de derechos en territorios donde operan grupos armados ilegales.
En este contexto, la situación en el Cauca, que sigue siendo uno de los departamentos más golpeados por estos homicidios, refleja la creciente violencia y la dificultad de implementar medidas de seguridad efectivas para los líderes sociales en las zonas más conflictivas del país.
A pesar de las denuncias y las verificaciones realizadas, el desafío persiste para garantizar justicia y protección a quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
Author: Oscar Fagua
Corresponsal en Colombia
