La crisis migratoria venezolana sigue impactando a Colombia, con un número récord de solicitudes de asilo que ha alcanzado más de 65.000, según la Cancillería colombiana. A la fecha, alrededor de 30.000 peticiones se encuentran en trámite, y el gobierno ya tiene listo un decreto para modificar los requisitos para dicho trámite, en respuesta al aumento significativo de solicitudes en los últimos años.
Desde el año 2017 hasta agosto de 2024, Colombia ha recibido alrededor de 68.500 solicitudes de asilo, una cifra que ha crecido de manera exponencial. Solo el año pasado, casi 13.000 venezolanos solicitaron refugio.
representa un aumento del 25 veces más en comparación con las 500 solicitudes registradas en 2017
Este fenómeno refleja la situación cada vez más compleja de los venezolanos que buscan protección en Colombia, uno de los principales destinos para los migrantes que huyen de la crisis económica, política y social en Venezuela. Sin embargo, las cifras también evidencian un sistema de asilo saturado, con menos del 2% de las solicitudes aprobadas (1.596) hasta la fecha, y más del 35% de los solicitantes desistiendo del proceso. En total, más del 44% de las solicitudes, es decir, unas 30.000 peticiones, aún están en proceso.
La Cancillería destacó que el sistema actual de asilo no está preparado para responder de manera eficaz al aumento de solicitudes. Según informaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la normativa vigente, que data de hace 40 años y fue modificada por última vez en 2013, necesita una reforma urgente. “Es necesario modificar el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, ya que la normativa actual no se adapta a las necesidades contemporáneas”.
El nuevo decreto, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, tiene como objetivo agilizar el proceso y hacer más accesible el asilo para aquellos que lo necesiten. Una de las principales modificaciones será que la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado (Conare) pasará a ser un órgano asesor para definir las políticas de protección internacional en lugar de un órgano decisional. Además, el decreto establecerá nuevas condiciones para obtener el estatus de refugiado, que incluirán a quienes sean perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por sus opiniones políticas; aquellos que hayan sido obligados a salir de su país debido a amenazas a su vida o seguridad, y quienes tengan razones fundadas para temer ser sometidos a tortura o tratos crueles.
El gobierno colombiano ha asegurado que esta reforma no generará costos adicionales para el Estado y es viable de implementar, con el objetivo de garantizar que todas las personas que cumplan con los requisitos puedan acceder al asilo. El nuevo enfoque busca atender una creciente realidad migratoria en Colombia, donde la situación de los venezolanos sigue siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades y la sociedad en general.
Author: Oscar Fagua
Corresponsal en Colombia
